El Gobierno enfrenta serias dificultades para cumplir sus compromisos con la OTAN en materia de gasto militar. A pesar de los esfuerzos por incrementar el presupuesto destinado a Defensa, la falta de apoyo parlamentario ha obligado a Pedro Sánchez a retirar su propuesta de creación de un fondo industrial de Defensa de 1.000 millones de euros.
Este fondo, financiado por la Unión Europea y gestionado por la sociedad estatal SEPI Desarrollo Empresarial (Sepides), tenía como objetivo fortalecer la industria militar española y contribuir a la autonomía estratégica europea.
La iniciativa del PSOE buscaba establecer el Fondo de Apoyo a la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (FORES). Este mecanismo estaba diseñado para impulsar inversiones productivas en empresas españolas del sector de seguridad, defensa, aeronáutica y espacio. Además, pretendía modernizar y aumentar la competitividad de estas industrias, facilitar la creación de consorcios estratégicos europeos y proporcionar un impulso tecnológico clave para el sector militar español.
El fondo inicial de 1.000 millones podría haberse incrementado con futuras dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, su aprobación dependía del respaldo parlamentario, que no se logró debido al rechazo frontal de varios socios habituales del Gobierno, como Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG. Estas formaciones han mostrado una postura contraria al aumento del gasto militar.
Obstáculos políticos y retirada del proyecto
La creación del fondo fue introducida como una enmienda al proyecto de reforma de la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Sin embargo, ante la falta de consenso entre los partidos políticos, el PSOE decidió retirar su propuesta "en aras del consenso" sobre la reforma legislativa. Esta decisión refleja las tensiones internas dentro del Gobierno de coalición y las diferencias ideológicas entre sus miembros.
Por otro lado, Sumar, otro socio clave dentro del Ejecutivo, ha manifestado su oposición a cualquier transferencia adicional de crédito hacia el Ministerio de Defensa. Carlos Martín, cocoordinador del partido, argumentó que el aumento del gasto militar dificulta el desarrollo de políticas sociales necesarias para el país.
A pesar del fracaso en aprobar el fondo industrial, el Gobierno continúa utilizando mecanismos alternativos para aumentar el presupuesto militar sin necesidad de pasar por las Cortes Generales. En este sentido, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una transferencia directa de crédito por valor de 2.084 millones de euros al Ministerio de Defensa. Esta medida se lleva a cabo mediante la resignación de fondos presupuestarios no ejecutados, una potestad que ejerce el Ministerio de Hacienda.
Aunque esta estrategia permite sortear las barreras parlamentarias, genera críticas dentro del propio Gobierno y entre sus socios. Sumar expresó su desacuerdo con esta operación y subrayó que es necesario aprobar nuevos Presupuestos Generales para garantizar un gasto equilibrado que priorice las necesidades sociales.
Compromisos con la OTAN en riesgo
La falta de avances en materia presupuestaria pone en peligro los compromisos adquiridos por España con sus aliados militares. La OTAN exige a sus miembros destinar al menos un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en Defensa. Actualmente, España apenas alcanza un 1.3%, lo que obliga al Gobierno a incrementar significativamente su inversión anual para cumplir con este objetivo antes del plazo establecido en 2029.
Sin embargo, las presiones internacionales están aumentando. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sugerido que los países miembros deberían alcanzar el 2% antes del verano debido a posibles cambios en los umbrales tras la Cumbre de La Haya programada para junio. Además, desde Estados Unidos se han planteado propuestas más ambiciosas que podrían elevar este requisito hasta un 5% del PIB.
En paralelo al debate sobre el gasto militar, el Gobierno también trabaja en medidas económicas para contrarrestar los efectos negativos derivados de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Este martes se aprobará un plan económico con una financiación total de 14.100 millones de euros. Entre sus medidas destaca la extensión hasta 2027 de una moratoria contable para empresas afectadas por pérdidas durante 2020 y 2021 debido a la pandemia.
El plan también incluye una línea adicional de avales por un máximo de 5.000 millones hasta junio de 2026 y un incremento en el presupuesto del Fondo para Internacionalización de la Empresa (FIE), que pasa de 500 a 700 millones. Asimismo, moviliza 2.000 millones en coberturas ofrecidas por CESCE para apoyar empresas exportadoras afectadas por el "shock arancelario".
La retirada del fondo industrial evidencia las dificultades políticas internas y externas que enfrenta España para cumplir sus compromisos militares con la OTAN mientras equilibra las demandas sociales y económicas nacionales. Aunque el Gobierno busca alternativas para aumentar el gasto militar sin pasar por las Cortes Generales, estas medidas generan tensiones dentro del Ejecutivo y entre sus aliados parlamentarios.
El desafío radica en encontrar un equilibrio entre las exigencias internacionales en materia militar y las prioridades nacionales en términos sociales y económicos. Esto requiere no solo consenso político interno sino también una estrategia clara que permita avanzar hacia los objetivos establecidos sin comprometer otras áreas clave para el desarrollo del país.
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