El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, emprendió un procedimiento contra el embajador de El Salvador en Alemania (que también representa a su nación ante la República Checa, Polonia y Turquía) y anterior ministro de Defensa, general José Atilio Benítez Parada, que deberá someterse a la evaluación la Asamblea Legislativa de su país, que determinará si existen las pruebas suficientes para que sea procesado en los tribunales de justicia por la supuesta venta de armas ilegales, actos arbitrarios, tenencia y portar armas de fuego y estafa.
Los hechos están enmarcados en el Decreto Legislativo 25, que entró en vigencia el 21 mayo de 2009 y amparaba a los ciudadanos que legalizan armas en su poder, sin que tuviesen la documentación de propiedad de las mismas. Según el fiscal, Benítez ordenó la inscripción ilegal fuera de plazo en el Registro de Armas a su nombre y de terceras personas de 25 fusiles y carabinas, así como de 4 pistolas, algunas utilizadas en la guerra, habiendo aprovechándose de sus cargos de viceministro y ministro de Defensa.
Entre los fusiles que se legalizaron irregularmente figuran AK-47, M-16, AR-15 y hasta un Dragonov. La mayoría del armamento que se logró matricular de forma ilegal provenía de los almacenes de guerra de la Fuerza Armada y también algunas que fueron decomisadas durante el conflicto que culminó con los Acuerdos de Paz en enero de 1992. Dirigió una red criminal que operaba desde la Dirección de Logística, que se dedicaba a la comercialización de armas de fuego y de guerra inscritas irregularmente, dijo Rodolfo Delgado, asesor del Fiscal General.
Señaló que en la organización participaban oficiales de la Fuerza Armada, notarios y particulares, que vendían las armas con intenciones de lucrarse económicamente y se investigan a esas personas. El jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, Will Walter Ruiz, explicó que por el momento las pruebas recolectadas durante las investigaciones involucran al general Benítez Parada, pero sostuvo que las indagaciones siguen, por lo que no descartó que podría haber más personas capturadas. Se descarta por el momento que otros militares de alto rango estén involucrados.
Funcionarios anteriores y actuales del Gobierno y personas consideradas de alto riesgo eran algunos de los que compraron parte de las armas, según los fiscales. Ruiz aseguró que cinco de las personas que compraron algunas de estas armas pusieron la denuncia en contra del general Benítez y otras decidieron colaborar con las investigaciones con la entrega del arma que habían adquirido. Durante las investigaciones se determinó que para la legalización irregular de las armas se utilizó documentación falsa, como declaraciones juradas y escrituras públicas.
Fotografía: General José Atilio Benítez Parada.
