Mantener las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de Chile cuesta alrededor de US$490 millones al año solo en el sostenimiento de material bélico e infraestructura asociada. Sin embargo, el sistema de financiamiento diseñado tras la derogación de la Ley Reservada del Cobre enfrenta serias dificultades, fondos con saldos mínimos, transferencias irregulares y un presupuesto corriente que absorbe crecientes demandas sin el respaldo suficiente.
Según fuentes consultadas y declaraciones del propio ministro de Defensa, Fernando Barros, el panorama es de creciente tensión. El Fondo de Contingencia Estratégico opera con menos del 1% de los recursos que debería tener, mientras que el presupuesto ordinario del sector se estira al máximo para cubrir nuevas tareas impuestas por el Ejecutivo, como los despliegues en la macrozona sur y la frontera norte.
Declaraciones del ministro Barros
En una entrevista con El Mercurio publicada este domingo 3 de mayo, y en otra reciente en Emol TV, el ministro Barros fue claro: “Mi balance dice que tengo ciertos recursos y que puedo contar con ellos. Otra cosa es la caja, de lo que debería haber en todas las cajas, y no hay, porque de alguna parte ha salido ese sobregiro del Estado. Acá hubo un exceso de gastos y se echó mano a los recursos que habían”. Agregó que recursos con una finalidad específica terminaron usándose para otras emergencias.
Barros insistió en la necesidad de respetar el marco legal: “Como país necesitamos repensar y asegurar el estatus jurídico que se respaldó para reemplazar a la Ley del Cobre. Tenemos que asegurarnos de que se cumpla, porque no podemos renegociar o incumplir las obligaciones que asumimos como Estado”.
Situación de los fondos estratégicos
La legislación de 2019 establece dos mecanismos clave fuera del presupuesto anual: el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y el Fondo de Contingencia Estratégico. El primero, alimentado inicialmente con un 55% de los remanentes de la antigua cuenta de la Ley del Cobre (cerca de US$2.700 millones de US$5.000 millones estimados de la época), busca financiar inversiones a cuatro años y el sostenimiento de capacidades. El segundo, (Fondo de Contingencia) con un 20% inicial (alrededor de US$1.000 millones de los US$5.000 remanentes), está pensado para situaciones excepcionales, tales como guerras, crisis graves, catástrofes naturales o reposición de material dañado.
Sin embargo, la realidad dista de lo previsto. Fuentes conocedoras indican que el Fondo de Contingencia acumula hoy cifras mínimas, alrededor del 1% muy lejos de su dotación esperada. Por tercer año consecutivo, en 2026 no recibirá aportes frescos. Expertos y ex funcionarios, como el ex subsecretario Alfonso Vargas, advierten en El Mercurio, que sin renovaciones regulares se pierden capacidades: “Perú y Argentina están asignando recursos a la defensa y nosotros no”.
Del Fondo Plurianual han salido solo en los últimos dos años transferencias significativas: US$488 millones en 2025 y US$490 millones en 2026. Ni en 2023 ni en 2024 hubo asignaciones, y en presupuestos anteriores se autorizaron postergaciones explícitas de saldos y aportes. Un exdirectivo del fondo lo resume así: “Con un Estado desfinanciado, año a año se fue autorizando que se utilizaran estos recursos para otros fines. La Ley de Presupuestos aprueba que no se va a aportar ese año, entonces hace legal incumplir con los traspasos”.
Estos fondos también cubren gran parte del combustible de aeronaves, buques y vehículos, esencial para vigilancia, entrenamiento y despliegues normales. Sin ellos, la movilidad operativa se ve directamente limitada.
Presupuesto corriente al límite
El presupuesto anual del Ministerio de Defensa para 2026 ronda los US$2.400 millones, con un 85% aproximado destinado a remuneraciones. Expertos lo describen como de mera “continuidad”, con ajustes mínimos que no compensan el aumento de responsabilidades. La subsecretaría para las Fuerzas Armadas vio una reducción del 0,7%, y la de Defensa un 2,4% (equivalente a unos $126 millones).
En octubre del 2025 durante la subcomisión mixta de presupuestos de octubre de 2025, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Javier Iturriaga reveló déficits acumulados superiores a los 19.000 millones de pesos solo en remuneraciones, y detalló medidas de contención de suspensión de reinstrucción de reserva, postergación de gratificaciones y freno a contrataciones de tropa profesional. Por su parte, el comandante en jefe de la Armada, Fernando Cabrera, señaló que han reducido mantenimiento y operaciones “para evitar tener que reducir la dotación”, advirtiendo: “Estamos salvando el año a costa de que nuestros sistemas se degraden”.
Un desafío estructural
El ministro Barros ha planteado públicamente la conveniencia de contar con un fondo adicional para las tareas de orden público y emergencias que recaen en las FFAA, separándolo claramente de las capacidades estratégicas. Mientras tanto, las negociaciones por eventuales ajustes fiscales (como el 3% transversal pedido por Hacienda) continúan, aunque el secretario de Estado ha asegurado que no afectarán operaciones esenciales ni compromisos ya adquiridos.
Actualmente los países limítrofes de Chile (Perú y Argentina) invierten en modernización, Chile enfrenta el reto de cumplir sus propios compromisos legales de financiamiento sin comprometer la sostenibilidad de sus Fuerzas Armadas. Como señaló el propio ministro, el país debe decidir si quiere mantener el respaldo institucional prometido a sus defensores. (Luis Andres Lautaro)
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