El denominado Tribunal de Ética había sido convocado para juzgar al recientemente relevado director de la Escuela Naval, Capitán de Navío Pablo Quezada, por asediar reiteradamente a una docente, directamente subordinada a su mando, y esposa de un conocido oficial, quien es el denunciante.
A estas situaciones pudieron agregarse otras, aparentemente hostigamiento religioso a un alumno a punto de egresar, quien desistió de graduarse, y que determinaron el reciente cambio de autoridades en la Escuela Naval.
Por si esto fuera poco, el oficial acusador aludió muy claramente y con testigos a fuertes presiones y amenazas del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Wilson y su entorno para dejar sin efecto sus reclamos, de lo que se manifestó constancia expresa en actas, tras lo cual el Tribunal recomendó una sanción grave y ejemplarizante para el acusado, la cual debería ser efectiva una vez que el Ministro de Defensa y el Presidente de la República homologuen las actuaciones.
Ello significa otra complicación, pues tanto el Capitán de Navío Quezada, como el jefe del Gabinete del Comandante en Jefe, C/N Grolero (con un historial de actitudes controvertidas al frente, en 2019, del Velero Escuela ROU 20, Capitán Miranda), habían sido propuestos por las autoridades navales para ocupar las estratégicas agregadurías en USA y Reino Unido días antes de comenzar a sesionar el Tribunal. Esto podría hasta asemejarse, se comenta a viva voz, a una intentona de "blindar" parcialmente a los marinos de estas ulterioridades y a una clara pretensión de así haber previsto influir en el veredicto.
El aspecto más llamativo de esta polémica es que en lugar de aguardar- como es usualmente de praxis- la certificación del fallo del Órgano por parte del Poder Ejecutivo, el Comandante en Jefe de la Armada decide aplicar -antes de elevar al Ministerio de Defensa las conclusiones del Tribunal para ratificarlas, como se estila y exige- salomónica y rápidamente, sólo una sanción leve de 10 días de arresto simple al Capitán de Navío juzgado, manteniendo las designaciones diplomáticas ya sugeridas al gobierno-nombramientos que altos funcionarios ministeriales ya evalúan como comprometedores- en un momento más que delicado para la Fuerza.
La Armada de Uruguay afronta en estos momentos la licitación internacional por dos OPV, la construcción de la nueva base fluvial en Fray Bentos y el abandono de instalaciones varias en el puerto de Montevideo, un cuadro que desaconseja seriamente, enfrentar cualquier problema de imagen en estos momentos, que bien podrían afectar a la máxima autoridad de la Armada Nacional Uruguaya de persistir en este planteo y por haber ejecutado determinado tipo de sanciones, muy inferiores a las aconsejadas y sin consecuencias, no aguardando la conformidad gubernamental en un caso que podría derivar fácilmente en el Parlamento. (Javier Bonilla)
