Las primeras medidas de la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal ya están sobre la mesa. Se prevía que el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA) fuera una de las primeras (y más importantes), y así ha sido. Si bien, la decisión adoptada implica consecuencias relevantes.
El pago de los dieciocho PEA es un problema crucial de la economía de la Defensa nacional (para algunos expertos, el verdadero talón de Aquiles de la complicada situación económico-financiera del Ministerio y los ejércitos), que en la anterior legislatura quedó, no solo sin resolver, sino agravado por la decisión del Tribunal Constitucional de anular los créditos extraordinarios que anualmente se venían aprobando (con "agostidad" y real decreto-ley). Suprimida dicha opción, las alternativas pasaban por una ley ad hoc o incorporarlos al presupuesto ordinario.
Y esta segunda vía ha sido la elegida por De Cospedal para empezar a abordar dicho problema. Pero con una novedad muy destacada: la ministra ha logrado reprogramar el pago de la anualidad aprobada correspondiente al ejercicio de 2016 e incorporarlo al presupuesto de 2017. No sólo no ha habido crédito extraordinario, sino que los los 716,7 millones de euros programados para este año 2016 se sumarán a los los 1107,8 millones previstos para 2017, por lo que el presupuesto inicial de 2017 para esta partida de gasto será de 1825,5 millones de euros. Esto supondrá elevar el presupuesto del ministerio de Defensa nada menos que un 30%. El primer punto positivo es que tanto PP, como PSOE, como Ciudadanos parecen estar de acuerdo en la línea escogida ahora por Defensa para pagar los PEA.
La consecuencia de incorporarlos al presupuesto ordinario y ejecutar ambas anualidades conjuntamente supone un auténtico shock en la política de Defensa española en cuanto que de espectacular aumento tiene. Una política aquejada de continuos recortes desde el comienzo de la crisis, que venían, es importante subrayarlo, a agravar la tendencia ya de lustros de fuerte constricción del gasto público en Defensa (y, en términos comparados con el crecimiento del PIB nacional, de absoluto desplome).
La segunda consecuencia inmediata, evidente tras la solución adoptada mas de profunda trascendencia, es la de que el Ministerio "aflorará" el verdadero presupuesto de Defensa (a falta de otros gastos, como la de misiones en el exterior, que tampoco se recogen adecuadamente en el presupuesto inicial de esta partida y que no cabe a achacar a una falta de previsión entre éste y el presupuesto ejecutado). El presupuesto será superior, lógicamente, al 0,5% que se afirma de manera constante, lo que obligará a una matización significativa en el discurso y la justificación política.
Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención: Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los dieciocho PEA con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda. El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa. Una situación por desgracia no exclusiva de Defensa, sino también sufrida por muchas otras empresas proveedoras del sector público con dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales... por lo que les adeuda la Administración Pública. Kafkiano.
Estas novedades invitan a considerar dos ideas: en primer lugar, la intuición, así también afirmada por otras fuentes, del mayor peso político que la nueva titular de la cartera atesora y ejerce, a buen seguro clave para gestionar estos trascendentales cambios económicos y financieros. En segundo, la certeza de que estas medidas requerirán más pedagogía pública y más trasparencia política-económica.
El esfuerzo de explicar el porqué de estos cambios deberá ser áun mayor que el incremento presupuestario que conllevan. Aunque para los responsables ministeriales, políticos y militares, así como para buena parte de la comunidad estratégica española, la subida, no sólo era inevitable, sino igualmente necesaria, no resulta claro que sea así entendido ni por ciertos sectores sociales ni, todavía menos, por aquellos otros políticos tangencialmente opuestos al gasto en Defensa.
Además, la ministra parece decidida a subir el presupuesto de Defensa en los próximos años, hasta situarlo en niveles cercanos al 2% del PIB comprometido con nuestros aliados y socios europeos. Las causas de esta propuesta habría que encontrarlas en los PEA (recordemos que, por lo pronto, el 30% de incremento vendrá dado por las anualidades de los PEA y no por un cambio general en la política presupuestaria), la necesidad de recuperar los niveles de gasto perdidos en las últimas legislaturas que coadyuven a la Transformación de las Fueras Armadas, y los esfuerzos por contribuir a la "Europa de la Defensa" (y lo que quiera que esta idea implique en el futuro). Un incremento del gasto, apoyado tanto desde la filas conservadores como por figuras de peso de la oposición, que habría de sostenerse durante varios años.
La ocasión parece idónea, con unas élites europeas y nacionales que valoran positivamente este viraje. Sin embargo, esto no quiere decir que sea acogido con satisfacción por la sociedad, como se ha indicado. La española, por ejemplo, puede oponerse al mismo ante un escenario de temor a nuevos recortes en gasto público (y lo que ello pudiera conllevar en gasto social) con la justificación de cumplir con el límite de déficit público. La Unión Europea, en este sentido, opta por que el gasto en Defensa no contabilice en el gasto público, lo que ha despertado lógicamentemuy duras críticas. Este tipo de piruetas contables en nada contribuyen a la comprensión y apoyo por parte de la sociedad.
Estas perspectivas requieren un esfuerzo pedagógico importante y sostenido. Explicaciones que se han de acompañar de la imprescindible transparencia, si es que ciertamente nos adentramos en un nuevo tiempo político con otra manera de gestionar lo público (y, en definitiva, las relaciones entre los políticos y sus representados). La rendición de cuentas y la corresponsabilidad, pues, han de presidir el debate y la acción pública. De lo contrario, no se estaría reclamando el apoyo de la ciudadanía sino la mera adhesión a los postulados políticos; la diferencia no es menor. La transparencia es una dimensión fundamental de la nueva gobernanza. Una transparencia que estuvo ausente tanto en la gestión pública de los PEA como en las posteriores medidas para pagarlos. La opacidad en los mecanismos de financiación y su presupuestación es algo dificilmente explicable con el marchamo de "top secret".
La política pública de promoción de la cultura de defensa será esencial por renovadas razones. Por tanto, tiene sentido, y cabe congratularse, que su desarrollo sea uno de los tres ejes del mandato de Cospedal, tal y como ha expuesto en en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados este martes 20 de diciembre.
Entre los objetivos de la cultura de defensa se contempla conseguir que la ciudadanía tenga una mayor conciencia de responsabilidad presupuestaria para la Defensa. No queda claro que se haya conseguido en los años precedentes, pero esto parece imprescindible para este 2017 y los siguientes años, si es cierto que esta voluntad política expresada se materializa. Por su parte, la Estrategia de Seguridad Nacional alcanza en esta legislatura su madurez política. Entre sus líneas estratégicas, la promoción de dicha cultura. Por tanto, ésta exigirá un mayor desarrollo y una estrategia que revise los postulados y premisas con las que el Plan Director de Cultura de Defensa se confeccionó.
La cultura de defensa como tema esencial del debate social. Y el debate público es fundamental, ya que estos cambios no pueden ser vistos como una decisión "unilateral" de las élites políticas (desvestido aquí este vocablo de cualquier connotación peyorativa otorgada en los últimos tiempos) que aliente, entonces, la desafección social y política. Toda vez que la situación política en Europa es crítica, en plena efervescencia de la discusión política sobre qué seguridad y defensa se quiere, más importante será aún lo que España pueda aportar. Y para ello, España ha de tener claras sus posiciones y predisposiciones. En este sentido, hay que saludar el movimiento de la ministra de Defensa. Ahora queda todo lo demás.
Alberto Bueno es investigador del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada.
