El senador opositor (Partido Nacional) Javier García convocó al Senado al ministro de Defensa Jorge Menéndez para hablar del rol de las FFAA y la situación de su personal, calificando como “casi inoperante” el estado de la Fuerza Aérea y la Armada pese a que cada vez se le dan más responsabilidades, como el control de las fronteras, la protección de los recursos naturales del país, la lucha contra el narcotráfico, la participación ante catástrofes naturales o la custodia de las cárceles.
“Tenemos soldados pobres a los que cada vez les damos más misiones”, reflexionaba García, al que también secundaron en su planteo parlamentario , los senadores correligionarios Luis Lacalle Pou y Jorge Saravia. Como gran parte de los legisladores, la mayor preocupación respecto a operatividad y condiciones de cumplimiento de misión la constituyen la Fuerza Aérea - con dos accidentes mortales recientes, de aeronaves A-37 y UH-1H- y la Armada, que con su escasez alarmante de recursos no consigue mínimamente ejercer el control sobre las aguas territoriales uruguayas, en proceso de expansión a las 350 millas marítimas de Zona Económica Exclusiva. Si para la Fuerza Aérea es ineludible cambiar la flota de combate -pues la vigencia de los viejos A-37 y A-58 Pucará es absolutamente cuestionable y su modernización inviable- así como agregar algunos radares más, tipo Gap Filler, a los Indra Lanza 3D actuales, o mejorar la dotación de aeronaves de transporte y ala rotatoria, para la Armada la situación de carestía es igual o peor.
La Armada dispone hoy de una sola y anticuada fragata, clase Joao Belo,un par de viejos barreminas ex RDA, un buque logístico, que precisa una profunda actualización de motores, y algunas unidades costeras de Prefectura activas, sumadas a una ultimamente modestísima Aviación Naval, sin contar con un sistema VTS (obligatorio en 18 meses) y sin siquiera poder modernizar el dispositivo Navtex/GMDSS que licita junto a la telefónica estatal Antel , por motivos burocráticos. El potencial de la Armada uruguaya está más que en entredicho.
Junto a esto, y en el marco de un cuadro socio cultural hostil a las Fuerzas Armadas, con permanentes e innecesarias alusiones a una dictadura que concluyó hace 32 años, el Gobierno impulsa una reforma jubilatoria para el sector uniformado, desde ya desestimulante para futuras opciones por la carrera militar, cuya transición sería jalonada por un aumento compulsivo de los impuestos a los retiros militares, cuya legalidad está siendo activamente cuestionada por los afectados. El propio ministro de Defensa, Jorge Menéndez, admitió al senador García que "es posible que haya retiros" por la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, los cuales, según nuestra investigación, se podrían contar por centenas de oficiales o suboficiales. "Lo digo con total honestidad, es posible que haya retiros", expresó Menendéz.
"Hay que terminar con las incertidumbres y buscar cuanto antes soluciones", agregó- en momentos en que notoriamente crece ,además, el protagonismo del Ministerio de Economía retaceando recursos a Defensa e Infraestructura Aeronáutica (la mayoría de los aeropuertos del interior carecen de personal y recursos como para operar a pleno)- cuando, además no se producen ingresos significatvos a las entidades académico militares.
En realidad, hacia mediados de los "90, ante una posibilidad más benévola de solucionar los problemas de varias cajas y servicios jubilatorios, se planteó un plan de reformas de alguna de ellas. En la época, las fuerzas de izquierda negociaron discretamente no realizar profundas reformas en la Caja Bancaria a cambio de no exigirlas, por un tiempo, en el Servicio de Retiros y Pensiones Militares, ambos asistidos desde entonces por el gobierno de turno, a pesar de que la Fuerza Aérea tenía ya un proyecto propio presentado tras un trabajo del Cnel. Ego García Luna, el cual reordenaría las finanzas, entonces menos comprometidas, del citado servicio previsional, en 5 años. Además, había en esa época más activos, mientras que en los últimos 31 años la cantidad de efectivos militares activos en Uruguay disminuyó casi un 45%.
En materia de equipamiento, el senador García propuso tomar 25 millones de dólares de Rentas Generales y vender inmuebles del Ministerio de Defensa para crear un fideicomiso financiero destinado a las Fuerzas Armadas, que preludiaría una inversión de 500 millones de dólares para actualizar a todas las Fuerzas, mientras el ministro Menéndez anunció un plan de viviendas para el personal subalterno más desfavorecido. (Javier Bonilla)
