La Fuerza Aérea de Honduras se ha visto frustrada, una y otra vez, en sus esfuerzos por recuperar y modernizar sus aviones de combate. En un esfuerzo por renovar hasta 9 fuselajes de aviones F5, y ocho de aviones A-37B, la Administración de Juan Orlando Hernández firmó un contrato por alrededor de $80 millones con Israel para sondear el permiso necesario e implementar el proyecto. Nada de esto funcionó.
Finalmente se modificó la Ley de la Soberanía del Espacio Aéreo como parte del escudo aéreo hondureño y, con el visto bueno del Congreso de los EEUU, a dicha modificación se elevaban las esperanzas. Sin embargo, pesan sobre dicho proyecto de renovación de capacidades de combate una serie de problemas. Se conoce que entre el 2000 y el 2005 Honduras burló las Leyes estadounidenses que gobiernan la transferencia de equipos militares cuando envió sin autorización motores de los reactores a Chile.
También se metió en problemas cuando sus F-5 fueron detectados por los mismos aviones radares estadounidenses basados en Comalapa, entrando al territorio salvadoreño sin permiso. Luego, en marzo de 2013, el entonces presidente hondureño Porfirio Lobo, quien fuese electo después del golpe de Estado de 2009, advertía: “no tengo que levantar los F-5 para que me abran paso” al referirse a las disputas territoriales en el Golfo de Fonseca.
En esas mismas fechas, el entonces ministro de Defensa, Marlon Pascua, había declarado que “los F5 son una garantía que tiene Honduras para poder ejercer ese derecho de proteger la integridad de su territorio nacional”; mientras que el comisionado hondureño de Derechos Humanos, Ramón Custodio, instó al Gobierno de Lobo a “defender la integridad marítima de Honduras”.
El 12 de mayo de este año, el alcalde del municipio de Cedros, en el departamento de Francisco Morazán de Honduras, David Castro, denunció públicamente las supuestas amenazas vertidas por el canciller Lisandro Rosales a través de un mensaje por WhatsApp en que decía “me imagino que esos 7 alcaldes van a ser los primeros en ir a recibir a Bukele cuando se quiera meter a Conejo”, un segundo mensaje decía “pero sordos los van a dejar los F5”. Es otra evidencia de que Honduras se aferra a los F5 como medios de coerción a sus vecinos, y no necesariamente como medios de interdicción de drogas. Esto también evidente en los numerosos detalles que aparecen contra el presente gobierno y sus nexos con el narcotrafico. Actualmente, solo tres F-5 son funcionales, junto con un número similar de A-37B y de T-27.
Isla Conejo
Después de la guerra de 1969 entre El Salvador y Honduras, las dos naciones firmaron el Tratado General de Paz en Lima, el 30 de octubre de 1980, y aceptaron que la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Esta dictó sentencia el 11 de septiembre de 1992, asignado los 450 kilómetros cuadrados, los “bolsones” territoriales, a Honduras.
La CIJ también metió mano en el Golfo de Fonseca, asignando la soberanía sobre las islas Meanguera y Meanguerita a El Salvador, y la soberanía de la Isla Tigre a Honduras, además de dictar que la salida del golfo seria compartida por los tres países de Honduras, Nicaragua y El Salvador que lo conforman. Uno de los problemas con la resolución fue que Nicaragua no había sido partícipe de las negociaciones, ni del juicio, y esa nación reconocía frontera común en el golfo entre ella y El Salvador.
Con una extensión de 3.200 kilómetros cuadrados, el golfo es un archipiélago volcánico conformado por 32 islas, y entre las principales mencionamos Zacate Grande, El Tigre, Gueguensi y Exposición, de Honduras; las Rocas Desnudas, Aislas y Los Farallones de Nicaragua; y Meanguera, Meanguerita (pirigallo), Conchaguita, Punta Zacate o Zacatillo, Martín Pérez y otras menores de El Salvador. Honduras carece de acceso al Océano Pacífico en forma directa, pues por su ubicación el país se encuentra en medio de El Salvador y Nicaragua cuya posición geográfica forma una especie de pinza en la entrada de la bahía. Ambos países reclaman una soberanía de doce millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, los que los lleva a tener una frontera común histórica.
Un limitante geográfico es que el Golfo no es profundo, pero tiene un canal con aguas de entre los 10 y 12 metros de profundidad que pasa entre las islas Conchagua (Conchagüita) y Meanguera, y luego entre la isla de Venados (Mazatépetl hoy Zacatillo) y la punta Amapala (hoy punta Chiquirín), para pasar frente a Amapala (Pueblo Viejo) y el embarcadero de La Concepción, hoy aproximadamente el sitio del moderno San Carlos de La Unión. El canal profundo llega hasta la entrada del estero La Manzanilla, en la actual Bahía de La Unión.
El otro problema es un islote de 50 hectáreas denominado Isla Conejo, a menos de un kilómetro de la costa hondureña y ocupado militarmente por ese país desde 1983. El gobierno de Honduras ha argumentado que la soberanía de Isla Conejo nunca estuvo en discusión, porque siempre ha estado bajo la administración del Municipio de Goascorán, departamento de Valle, Honduras.
De igual manera, El Salvador ha argumentado que el islote nunca estuvo en discusión porque era propiedad suya, donde había mantenido un puesto militar allí históricamente. A la caída de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979, y el inicio del conflicto interno salvadoreño, se establece un puesto militar salvadoreño para vigilar el flujo de armas en el golfo. Allá por 1983 el comandante militar de La Union de esos días resolvió con la contraparte hondureña mantener el puesto en rotación, vigilando el flujo de armas y evitando con esta rotación algún ataque a la pequeña guarnición por parte del FMLN. Sin embargo, al calor de la guerra, el Ejército salvadoreño dejaría de rotar con el hondureño. Con ello, Honduras continuaría su ocupación después de los Acuerdos de Paz hasta nuestros días.
Fotografia: F5 FAH 4007 de Honduras (US DoD Destinee Sweeney)
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Otros tiempos el FAH235 C101 (CASA)
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A-37B de Honduras
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Poderio aereo de Honduras (SEDENA Honduras)
