La inversión en defensa en América Latina se redujo en 0,9% en 2019 con respecto a 2018, según el Military Balance, el informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). La organización británica presentó el viernes 14 de febrero su informe, donde describe las capacidades militares de 171 países.
El informe hizo especial hincapié en las protestas que comenzaron en octubre en Chile y que llevaron a que las Fuerzas Armadas se desplegaran luego de que estallaran los disturbios. “El estado de emergencia fue declarado por el gobierno a mediados de octubre (…) Se causaron daños significativos a la infraestructura”, señala y también destaca la aprobación del uso de las “FF.AA. para proteger la infraestructura crítica”. Según el IISS, en la región hubo una caída del 0,9% de la inversión en defensa respecto al 2019, aunque Chile, junto a países como Brasil y Colombia, mantuvo su crecimiento.
En Chile, el 10 de septiembre de 2019 se promulgó la Ley N° 21174 que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Derogó la N° 13.196 o Ley Reservada del Cobre. Esta última aportó cerca de 14.000 millones de USD a Defensa en el periodo 2004-17, de los cuales restaría un 50%. De acuerdo a la nueva modalidad de financiamiento las Fuerzas Armadas se contará con un Fondo Plurianual, constituido por el 55% de la cantidad remanente de la Ley del Cobre al 31 de diciembre de 2017, es decir, unos 3.800 millones de dólares, más lo que contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público para cada año, los intereses que devenguen las inversiones del Fondo y demás aportes que establezca la Ley.
Adicionalmente se contempla un mecanismo de cargo fiscal denominado Aporte Basal, que garantizaría el financiamiento de largo plazo del Fondo Plurianual. Un segundo fondo, de Contingencia Estratégico, cubrirá situaciones de esa índole derivadas de amenazas externas y de catástrofes naturales que dañen las infraestructuras de defensa y estará constituido por el 20% de los saldos del Ley del Cobre al 31 de diciembre de 2017, unos 1.400 millones de USD, además de los intereses que devenguen las inversiones del Fondo y los demás aportes que establezca la Ley. Una característica que hereda de la Ley del Cobre es la reserva en los trámites asociados a estos fondos, manteniendo prácticamente todas las precauciones y restricciones que antes se contemplaban para la difusión pública de los recursos asignados, gastados y sus destinos.
