El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una tutela suspendiendo en un plazo de 48 horas la autorización que permitía a la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) dar asistencia y entrenamiento en algunas regiones del país para la lucha contra el narcotráfico.
Se trata de una herramienta jurídica consagrada en la Constitución nacional que busca garantizar los derechos de los individuos y responde a la petición interpuesta por los congresistas de la oposición Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Pablo Catatumbo, Aída Avella, Antonio Sanguino, Gustavo Petro entre otros, al considerar que la autorización para el despliegue de personal militar de los Estados Unidos debió pasar por el Senado de la República, lo que fue obviado por el Presidente Iván Duque. Duque debe, además, enviar al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de esta unidad, con el propósito de que el Senado tenga la oportunidad de asumir su función de control político ante el tránsito de tropas extranjeras en servicio o misión oficial en Colombia y de esta manera autorizar o no la permanencia de esta unidad en el país.
Es el primer fallo en que se ordena este tipo de acciones contra la colaboración que desde el llamado Plan Colombia venía ofreciendo el gobierno estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, daba explicaciones al respecto, señalando que esta unidad no realizaría o participaría en operaciones de combate, manifestando que este tipo de cooperación se viene dando desde gobiernos anteriores en base a los convenios militares entre los dos países.
Curiosamente, los congresistas que presentaron esta acción de tutela son los mismos que han venido denunciando la aspersión aérea para combatir el narcotráfico, incluso la erradicación manual por parte de unidades de las Fuerzas Armadas destinadas a esta labor en favor de una sustitución voluntaria de la mata de coca por cultivos legales, procedimiento que ha resultado poco eficaz ante las beneficios económicos que dejan los cultivos ilícitos.
La respuesta del Ministerio de Defensa no se hizo esperar y en un comunicado oficial respondía de manera inmediata lo siguiente:
“En atención al fallo proferido el 1 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con la tutela instaurada por un grupo de honorables senadores de la República, el Ministerio de Defensa Nacional informa que:
1. El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial.
2. En relación con el fallo de tutela se informa que se procederá a presentar la impugnación respectiva ante el Honorable Consejo de Estado, por cuanto la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), a la luz del ordenamiento constitucional no requiere permiso del Senado de la República.
3. La cooperación internacional es fundamental para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno Nacional continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico vigente”. (Carlos Vanegas, corresponsal de Grupo Edefa en Colombia)
