El presidente de Colombia decreta estado de conmoción interior y emergencia económica por la escalada de violencia en el Catatumbo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó el estado de conmoción interior y emergencia económica en varias regiones del país, una medida que no se aplica desde 2008. Esta decisión fue tomada tras la escalada de violencia en el Catatumbo, una de las zonas más críticas del conflicto armado en Colombia, y en respuesta al fracaso del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Gobierno suspendió las negociaciones con este grupo guerrillero la semana pasada, luego de los recientes ataques violentos, lo que desató una nueva ola de enfrentamientos que ya han dejado más de 80 muertos y obligado a más de 11.000 personas a desplazarse en menos de una semana.

Con la declaración de conmoción interior, que está permitida por el artículo 213 de la Constitución, el presidente está facultado para "publicar decretos con fuerza de ley", pero estos deben atender exclusivamente a la situación por la que se generó el estado de conmoción y prevenir la extensión de la violencia. Los decretos emitidos, sin embargo, deben pasar por la revisión de la Corte Constitucional, que tiene la facultad de determinar su legalidad.

En este contexto, Petro expresó su esperanza de contar con el apoyo del Poder Judicial para poder enfrentar la situación de crisis que se vive en varias regiones del país, particularmente en el Catatumbo, donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. “La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz, la bandera revolucionaria, porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo”, anunció el mandatario a través de su cuenta en X .

El Catatumbo, que abarca principalmente el departamento Norte de Santander, ha sido históricamente un territorio marcado por la presencia de actores armados ilegales, quienes se disputan el control de cultivos de coca y las rutas de tráfico de drogas. Esta zona, por su ubicación estratégica, ha sido un epicentro de violencia en Colombia, no solo por el narcotráfico, sino también por la rivalidad entre guerrillas, disidencias de las FARC y paramilitares.

El ELN, que ha intensificado sus actividades en esta zona, se enfrenta a las disidencias de las FARC, grupos armados que a pesar de la firma del acuerdo de paz en 2016 siguen operando en diversas regiones del país, particularmente en territorios que albergan economías ilícitas. La lucha entre estos dos grupos por el control de los cultivos de coca en el Catatumbo es uno de los principales motores de la violencia en la región, que se ha visto reflejada en enfrentamientos armados que han cobrado la vida de numerosos civiles.

Aunque el decreto de conmoción interior tiene respaldo constitucional, algunos analistas políticos han señalado que la medida podría ser cuestionada por la Corte Constitucional. De acuerdo con estos expertos, el estado de conmoción interior se debe declarar en situaciones sorpresivas que superan las capacidades iniciales del Estado para atender la calamidad. Sin embargo, en el caso del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo ya había advertido hace meses sobre la creciente violencia en la región, por lo que algunos consideran que no se trata de un hecho sorpresivo.

Desde principios de año, las alertas de las organizaciones defensoras de derechos humanos indicaban que la violencia en el Catatumbo había empeorado y que las comunidades estaban viviendo bajo la constante amenaza de los grupos armados. Por esta razón, algunos observadores creen que la medida de conmoción interior podría ser rechazada por la Corte, pues no cumpliría con los criterios de "sorpresa" y "superación de las capacidades del Estado" que la Constitución establece para tal tipo de medida.

Adicionalmente, la oposición política ha declarado que el decreto de conmoción interior y emergencia económica anunciado por Petro es un movimiento político para generar nuevos impuestos en repuesta a la reforma tributaria no aprobada por el congreso de Colombia, y que incluso, de manera premeditada, el gobierno habría dejado que la violencia en la región del Catatumbo ese incrementara y prueba de esto sería la falta de operaciones militares en esta zona, las cuales se reanudaron prácticamente después de las declaraciones realizadas por Petro al anunciar estos decretos. (Carlos Vanegas)