Las Fuerzas Armadas de México continuarán cumpliendo labores de seguridad pública en las calles del país por lo menos hasta 2028, año en el que deberán regresar paulatinamente a sus cuarteles para dejarle la carga del combarte a la delincuencia a la Guardia Nacional y a los cuerpos policiacos municipales y estatales existentes.
En tanto, los mandos militares del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina-Armada de México tendrán que rendir cuentas a los senadores y diputados federales en una comisión bicamaral que revisará cada seis meses los avances, los objetivos logrados, las deficiencias, los abusos y requerimientos de soldados, marinos y sus comandantes En lo que será una nueva etapa de lucha para contener a la delincuencia en más de la mitad del territorio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador intentará reducir el saldo negativo que lo coloca, en cuatro de seis años de mandato, como el gobernante en cuyo periodo se han cometido más asesinatos, más desapariciones forzadas, más feminicidios y se han localizado más fosas clandestinas que en los gobiernos anteriores.
Cifras oficiales y recuentos de organizaciones civiles, grupos académicos y medios de comunicación coinciden en que en su gobierno de han cometido más de 123 mil asesinatos, han desaparecido más de 30 mil personas, ha habido cerca de 4 mil feminicidios y se han hallado centenares de fosas clandestinas cuyos cuerpos o restos humanos no se suman a la lista de homicidios dolosos que, se asegura desde la Presidencia, van disminuyendo.
En este contexto se dio una férrea batalla en las cámaras de diputados y de senadores desde septiembre para lograr dos objetivos impulsados por el presidente López Obrador y por el general Luis Cresencio Sandoval: incorporar a la Guardia Nacional como una tercera arma en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y luego prolongar el despliegue de los militares más del 2024, como estaba establecido en una reforma constitucional del 2020.
Desde la Presidencia de la República y desde la SEDENA se operó políticamente para que los legisladores federales aceptaran la nueva reforma que ahora permitirá a los militares y marinos seguir en las calles por lo menos hasta el 2028. El argumento esgrimido para defender el uso continuado de las tropas de tierra, aire y mar en labores policiacas radica en el hecho de que la Guardia Nacional no está consolidada aún para cumplir a cabalidad y eficacia las misiones de combate a la delincuencia.
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La Guardia Nacional, que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio, tiene actualmente 118 mil integrantes, alrededor de 250 cuarteles, 35 aeronaves y un presupuesto anual promedio de 60 mil millones de pesos (unos 2 mil 985 millones de USD) para su operación.
El presidente López Obrador ha repetido recientemente que ahora, con la aprobación de la extensión del tiempo de las tropas en las calles, habrá medio millón de soldados y marinos que, junto con los elementos de la GN, garantizarán la seguridad de los mexicanos.
Los cambios
En 2020, diputados y senadores acordaron, no sin arduas negociaciones, modificar una iniciativa presidencial que buscaba mantener a los militares por tiempo indefinido en las calles, pero sin atender o fortalecer a los cuerpos policiacos. Toda la atención t recursos se enfocaban en consolidar a la Guardia Nacional como un nueva, incorruptible y poderosa corporación cuyo origen castrense garantizaba el éxito contra la delincuencia. No fue así. Las propias cifras oficiales lo han demostrado.
Los legisladores federales lograron añadir un artículo transitorio -el 5°artículo de la ley- para limitar la permanencia de las tropas en las calles hasta el 2024, el año en el que concluirá su mandato el presidente López Obrador. Esto cambio en los últimos dos meses y una nueva batalla legislativa se libró en ambas cámaras para que se modificara el Artículo 5° transitorio permitiendo que las fuerzas armadas sigan en las calles en labores policiacas por lo menos hasta el 2028.
En la nueva versión ampliada se integraron mecanismos para que los militares y marinos rindan cuentas, acudan cada seis meses ante los legisladores a informar lo que han hecho, cómo lo han hecho, que avances y logros han tenido en el combate a la inseguridad, además de capacitarse y respetar los derechos humanos en todo momento.
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Se incluyeron también los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reiterar que el presidente y comandante de las fuerzas armadas podrá disponer los militares de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada, y complementaria a los cuerpos policiales, lo cual ya estaba incluido en la ley original del 2019 y que se modificó en 2020.
Otro punto incluido y que se aprobó señala que “En ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades”.
También se creará un fondo de recursos para fortalecer a las policías municipales y estatales. El fondo crecerá a la par de los recursos financieros que se entreguen a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Todo esto será supervisado por una comisión conformada por legisladores de las dos cámaras -la cual ya existía, pero cuyos trabajos y resultados son cerrados y reservados- que podrá emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo acerca de lo que hagan las fuerzas armadas en las calles.
La comisión podrá llamar a cuentas las veces que sea necesario a los secretarios dse la Defensa, de Marina, de la Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, será ellos programas aplicados por la en materia de Guardia Nacional, sustituyendo al Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional (SECNS). (Jorge Alejandro Medellin, corresponsal del Grupo Edefa en México)
