La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del Fiscal Superior Hugo Turriate Loayza, emitió la Disposición Superior N° 09-2024 mediante la cual se ordena archivar la investigación por las presuntas irregularidades en la adquisición por Perú, en la modalidad de Gobierno a Gobierno, del satélite de observación de la Tierra Peru-SAT1.
La Investigación Fiscal, tomó como base en el cuestionado el informe final sobre “Las Contrataciones y Adquisiciones para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las operaciones de Gobierno a Gobierno realizadas durante el período 2011-16” elaborado por la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República, que fuera presidida por la ahora excongresista Luciana León, que fue aprobado el 22 de junio de 2017 y derivado poco después al Ministerio Público.
Dicha Comisión, como informamos en su momento, desató un brutal proceso inquisitorio sin fundamente técnico alguno, basó sus investigaciones, en cuatro hipótesis: 1) las contrataciones militares y policiales no respondieron a ninguna planificación estratégica definida con anterioridad, 2) vacíos normativos o deficiencias legales en materia de regulación de contrataciones militares y policiales, 3) la política de ascensos, pases al retiro y designaciones establecida en los Ministerios de Defensa e Interior durante 2011-16, que podría haber estado relacionada a obtener ventajas económicas de diversas contrataciones militares y policiales, y 4) en funcionarios que fueron informados y por ende tuvieron conocimiento de las contrataciones militares y policiales irregulares, pero que, por acción u omisión –al no interesarse o no realizar ninguna acción fiscalizadora– permitieron que se realizará o continuará.
Tras casi siete años de diligencias, se estableció respecto a los investigados, entre los que figuran el exPresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, el exMinistro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido y funcionarios del MINDEF y de la Fuerza Aérea del Perú, que: “no se ha recabado elementos de convicción que corroboren algún interés indebido” y que “no está corroborada la imputación y por ende no existe causa probable que amerite un formalización por el delito de negociación incompatible por lo que en consecuencia debe de disponerse el archivo del caso”.
La adquisición del Perú-SAT1, enmarcado en el Programa de Desarrollo e Implementación del Centro Nacional de Operaciones e Imágenes Satelitales (CNOIS), se concretó vía un contrato – valorado en 210 millones de dólares - con Airbus Defense y Space suscrito el 24 de abril de 2014.
Fue lanzado y puesto en órbita el 15 de septiembre de 2016 desde el Puerto Espacial de Kourou (Guyana Francesa). El Peru-SAT1, próximo a alcanzar la vida útil proyectada de 10 años, tiene un peso de 400 kg. y una velocidad de desplazamiento de 7,5 km/s, y realiza de 2 a 4 orbitas diarias a una altura de 702,5 km. Tiene una resolución de 0,7 m. y puede adquirir diariamente unas 300 imágenes, cubriendo unos 63.000 km.
El Programa de Compensaciones Sociales e Industriales (Offset) comprendió la construcción del CNOIS, ubicado en Punta Lobos (a unos 48 km. al Sur de Lima) y un Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología llave en mano, dirigido a ingenieros y técnicos peruanos, que abarcó desde el conocimiento avanzado de tecnologías espaciales, la operación del satélite y el desarrollo de aplicaciones adaptadas para el tratamiento de imágenes, así como el suministro de imágenes captadas por los satélites ópticos y de radar de Airbus Defense and Space, como los de las series Pléiades 1A y 1B, Spot 6 y 7, Tandem X y TerraSAR.
