El cambio de denominación en Perú del Ministerio del Interior (MININTER) por el de Ministerio de Seguridad, anunciado por la Presidente de la Republica Dina Boluarte, implicará - de ser aprobado por el Congreso de la República - una profunda reorganización y un cambio drástico en la política de seguridad.
Eso sin contar con que se deberá construir nuevas infraestructuras y adquirir nuevos medios con un adecuado soporte logístico que permitan fortalecer el despliegue policial a nivel nacional. La situación se avizora compleja y, como era de esperar, las opiniones al respecto, están divididas.
Lo que es claro, es que actualmente, el MININTER no parece tener un rumbo claro en la lucha contra la inseguridad ciudadana, principal problema que afecta a la ciudadanía, y no da señales claras de un combate frontal contra la corrupción, aunado a la falta de una adecuada gestión, especialmente en materia de adquisiciones.
Dudas sobre conducta
La percepción de la ciudadanía, en lo que se refiere a la corrupción es clara y las pruebas están a la vista. En mayo pasado, la Contraloría General de la Republica público el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, dando a conocer los niveles de corrupción en cada entidad del Estado. La Policía Nacional del Perú, que depende del MININTER, ocupo el primer lugar del “top ten” con un 75.7 de puntaje de riesgo de corrupción e inconducta funcional, el propio Ministerio del Interior ocupo el décimo lugar con 69,3 puntos. Mas claro, imposible.
En materia de adquisiciones, el Ministerio del Interior (MININTER) y la Policía Nacional del Perú han demostrado una clara ineficiencia debido, no solo por la falta de decisiones oportunas sino porque no cuentan con personal idóneo o debidamente calificado, lo que genera que ambos entes formulen deficientes estudios de marcado y que se cambien, sin sustento técnico alguno o por mera conveniencia, los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM).
A esto se suma, como advirtió la Contraloría General en el Informe de Hito de Control N° 043-2023-OCI/0282-SCC, la incorrecta aplicación de la Directiva N° 005-2021-IN-OGAF: “Lineamientos para las Contrataciones del Sector Interior bajo la Modalidad de Estado a Estado” del 18 de junio de 2021, que contiene procedimientos no acordes con la Ley de Contrataciones del Estado.
En abril de 2023 se creó la denominada "Agencia de Compras Estratégicas del Sector Interior", que depende en teoría de la Secretaría General del Ministerio del Interior y que tenía como finalidad “lograr una eficiente y transparente compra de bienes, servicios, obras y consultorías, en el mercado nacional y extranjero, que fortalezca la adecuada ejecución de las contrataciones de dicho Sector, en el marco de la normativa vigente y aplicable”.
En la práctica, una común y corriente “oficina funcional” - sin autonomía operativa, económica o administrativa, y mucho menos con presupuesto o personal calificado - que fue duramente cuestionada por diversos especialistas e incluso a nivel gobierno. Al momento, se desconoce si la Agencia de Compras del MININTER, que tuvo que cambiar su denominación por la de Oficina de Contrataciones Estratégicas del Sector Interior, opera funcionalmente.
Compras frustradas
Lo cierto es que el Ministerio del Interior, como informamos ya en defensa.com, por los factores antes mencionados no logra definir, por ejemplo, los Programas de “Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional” – Código N° 2251056 y de “Adquisición de un Avión para la Policía Nacional” – Código 2379484.
El Programa de “Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional” – Código N° 2251056 comprende la adquisición de 56 Vehículos Blindados Multipropósito (4x4) y 43 Motobombas Antidisturbios (4x4 y 6x4) por un monto aproximado de 51,9 millones de dólares. Fue convocado en febrero de 2020, siendo suspendido como consecuencia de la crisis generada por pandemia del Covid-19 y se retomó a mediados de 2022, momento en que se procedió a reformular y modificar, en al menos cuatro ocasiones, los requerimientos técnicos mínimos (RTM), que fueron aprobados en septiembre, convocándose a los posibles postores en octubre de ese año.
Por razones nunca explicadas, los procesos fueron suspendidos por varios meses, para ser nuevamente reformulados y reconvocados primero en abril de 2023, cambiándose sucesivamente para agosto, octubre y finalmente para el pasado 2 de noviembre, fecha en que supuestamente se “designaría el estado extranjero para iniciar las negociaciones”.
En ese momento, en lo que a los Vehículos Blindados Multipropósito 4x4 se refiere, Gaia Behri Ltd. (Israel) con el Thunder ocupaba el primer lugar en el orden de prelación, seguida por Plasan Sasa Ltd. (Israel) con el Sandcat y Streit Group (Emiratos Árabes) con el Spartan-MAV. En cuarto y quinto lugar se encontraban Armor International (Colombia) con el Hunter TR12 y Daejei Precision & Industries Ltd. (Corea del Sur) con el Promoter DAPC-2. En cambio, el proceso de adquisición de los 43 Motobombas Antidisturbios (4x4 y 6x4) dejo como finalistas a las israelíes Bat Beit Alfa Technologies Ltd. y Shladot Ltd, y a la emiratí Streit Group.
Extrañamente, el Comité de Evaluación, aduciendo que requería más tiempo para evaluar las propuestas, especialmente las relacionadas a los Vehículos Blindados Multipropósito 4x4, y comenzó a solicitar más información técnica, fijando un nuevo plazo para la presentación de las propuestas, modificando nuevamente las RTM e incluyendo un Programa de Compensaciones Sociales e Industriales (Offset), que exigía la instalación de una Planta de Ensamblaje en Lima, sin considerar que su construcción, puesta en funcionamiento y adecuación tomaría demasiado tiempo, afectando los plazos de entrega, y más importante aún, los costos finales de los vehículos.
Priorizando este factor, se puso a Daejei Precision & Industries Ltd, que ofreció un Programa Offset valorado en 300.000 dólares, en primer lugar en el orden de prelación. En segundo lugar quedo Plasan Sasa Ltd, seguida de Streit Group y Armor International. La israelí Gaia Behri Ltd, que inicialmente ocupo el primer lugar y que considero que la exigencia del Programa Offset era irreal, fue relegada al último lugar.
Ambas adquisiciones, quedaron en “stand by” a fines de noviembre, debido a que se descubrió que fue convocado sin contar con la debida certificación presupuestaria, lo que sería más que suficiente, de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público, para declarar la “nulidad” de los dos procesos. Finalmente, el pasado día 2 de mayo el MININTER emitió la Resolución Ministerial N° 0586-2024-IN, ordenandole a la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) concretar la adquisición en el 2024. Sin embargo, información extraoficial da cuenta que el MININTER estaría optando en los próximos días por retrotraer los procesos a la etapa de invitaciones. Es decir todo volvería a “fojas cero”.
Por su parte, el Programa de “Adquisición de un Avión para la Policía Nacional” – Código 2379484, inicio en marzo de 2023 y fue puesto a cargo de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del MININTER. Deriva de la frustrada y controvertida adquisición de un Antonov AN-178 a Spetstechnoexport (Ucrania). El Contrato EE N° 001-2019/MININTER-STE-3-178-K/KE-19, sumamente controversial como advertimos en más de una ocasión en defensa.com, se cifro en 64 millones de dólares y fue suscrito el 23 de octubre de 2019.
El 17 de noviembre de 2022, el MININTER ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales para la entrega del avión, sumado a la acumulación del máximo de penalidades, que por cierto nunca iban a poder ser aplicadas pues Spetstechnoexport nunca presento la correspondientes garantías bancarias, opto por resolver de manera unilateral el contrato.
La adquisición del Avión para la Policía Nacional se retomó en marzo de 2023. En octubre, específicamente el día 19, el Comité de Evaluación, tras meses de idas y venidas, dio conformidad al Informe de Indagación de Mercado determinando que la única propuesta valida era la de Embraer (Brasil), empresa que oferto el E190-E2, un avión comercial de transporte regional por un monto de 64,9 millones de dólares.
Airbus Defense and Space (España) que ofertó el C-295M a 49,3 millones de euros (unos 53 millones de dólares) no calificó por “no cumplir con los parámetros operacionales”, mientras que Leonardo SPA (Italia) con el C-27J Spartan a 95 millones de dólares, fue descartado por que no acredito documentariamente que “la nave contará con la capacidad para despegar y aterrizar, con una carga útil de 6.700 kg. a más, en aeródromos o aeropuertos ubicados a más de 4.200 m. de altura”.
Algo verdaderamente absurdo, pues la Fuerza Aérea del Perú opera desde 2015 una flota de C-27J Spartan, conformada por 4 aparatos, que actúan sin problemas en todos los aeródromos y aeropuertos del país. El KC-390 de Embraer, presentado como alternativa, fue descartado por su alto precio, unos 153,1 millones de dólares, mientras que Antonov JSC (Ucrania), que se presentó con el An-178-100R a 61,5 millones de dólares, fue descartada casi de inmediato por las razones previamente mencionadas.
En noviembre de 2023 trascendió que el MININTER inició negociaciones con Embraer de cara a la suscripción del contrato. Ese mismo mes, la Contraloría General de la República emitió un informe donde se señalaba que el Comité de Evaluación acordó “proseguir con el proceso de contratación, a pesar de solo contar con un único proveedor, quien por aproximadamente 65 millones de dólares, ofertó el E-190-E2, que no acreditaría el cumplimiento de equipamientos de aviónica, ni la performance exigida en las especificaciones técnicas”.
La adquisición, como es evidente, quedo también en “stand by” y es muy probable, que al igual que la de los Vehículos Blindados 56 Vehículos Blindados Multipropósito (4x4) y 43 Motobombas Antidisturbios (4x4 y 6x4), vuelva a “fojas cero”.
