Tras poco más de dos décadas, el Perú y los Estados Unidos, como informamos previamente en defensa.com, alcanzaron un Acuerdo de Cooperación para levantar el bloqueo impuesto para la interdicción de aeronaves utilizadas por narcotraficantes que ingresan a diario al país, especialmente en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y la Zona del Putumayo, en la frontera con Colombia. En ese contexto, damos cuenta de la experiencia de la Fuerza Aérea del Perú en esta labor.
Las Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú en la Lucha Antidrogas se remontan a 1985 cuando puso en marcha las Operaciones Cóndor I, II, III y IV. En estas operaciones, que incluyo bombardeos a baja altura, fueron destruidas varias pistas clandestinas y laboratorios, obligando a los narcotraficantes establecidos en el Alto Huallaga a cambiar su modo de operación.
En abril de 1990 se desplegó operacionalmente, además de un Radar P-37F en Iquitos, a los Cessna A-37B Dragonfly y a los Embraer T-27, así como a los Bell 212 al Aeródromo de Santa Lucia para los Operativos Chubasco I, II y III. Más tarde, se realizó la Operación Halcón, de apenas 16.5 horas de vuelo efectivo, que envolvió por el lado peruano a un destacamento de A-37B Dragonfly basados en el Aeropuerto de Andoas y por el de la USAF a un Boeing E-3B AWACS y a un Lockheed P-3 AEW Orion del US Customs Service que despegaban desde la entonces Base Aérea de Howard (Panamá). Los resultados fueron modestos: una avioneta derribada y otras dos destruidas en tierra.
En 1991 se realizó la Operación Dragón que tras 128 horas operacionales logro un buen resultado interceptar 11 avionetas, de las cuales 4 fueron obligadas a aterrizar, 6 derribadas y una destruida en tierra. Ya para entonces la USAF había instalado Radares Westinghouse AN/TPS-43 en Iquitos y Andoas a fin de optimizar la detección de objetivos y el control del espacio aéreo. El 10 de Abril de 1992 la Fuerza Aérea asumió el control de los aeropuertos de Ayacucho, Juanjuí, Pucallpa, Santa Lucia, San Ramón, Tarapoto, Tingo María, Tocache, Uchiza y Yurimaguas.
A fines de ese mes, concretamente el día 24, dos Sukhoi Su-22 Fitter F interceptaron y dispararon contra un C-130H Hércules de la USAF (Operación Furtive Bear para detectar y ubicar pistas clandestinas) que volaba sin autorización e hizo caso omiso de la orden para identificarse y aterrizar.
Como consecuencia del incidente, en el que un tripulante del C-130H falleció y otros tres resultaron heridos, se interrumpieron momentáneamente las Operaciones Combinadas con la USAF y los Radares AN/TPS-43 fueron retirados. Aun así, la Fuerza Aérea realizó las Operaciones Chubasco IV y V – incorporando a los Aermacchi MB-339A - que mantuvieron el resultado del año anterior interceptando 11 avionetas: 4 obligadas a aterrizar, 6 derribadas y una destruida en tierra.
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Radar TPS-70 instalado en Puerto Maldonado.
A partir de 1993 se retomaron las Operaciones Combinadas con la USAF – que instalo Radares AN/TPS-43 en Iquitos y Yurimaguas, y desplego nuevamente a sus E-3B AWACS – incrementándose el número de intercepciones a 25. Las Operaciones Combinadas, a las que eventualmente se sumaban aeronaves de la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mantuvieron el ritmo: 15 interceptaciones en 1994, 20 en 1995, 3 en 1996 y 10 en 1997.
Entre 1998-2000 los vuelos de los narcotraficantes, debido a lo eficaz del accionar de la Fuerza Aérea en el Alto Huallaga, se redujeron drásticamente. Apenas dos naves interceptadas: una derribada y la otra destruida en tierra por su tripulación. En términos generales, durante el periodo 1985-2000 se interceptaron 101 aeronaves, sumándose otras 223 que fueron disuadidas de ingresar al espacio aéreo nacional.
El incidente que paralizó los vuelos
En abril de 2001 ocurrió un grave incidente que gatilló la cancelación de las Operaciones Combinadas con los Estados Unidos. Dos A-37B de la Fuerza Aérea derribaron, debido a una serie de errores de procedimiento, fallas en la identificación del blanco, falta de entendimiento en el lenguaje y saturación de los sistemas de comunicaciones, a un Cessna A-185E Skywagon (Matrícula OB-1408) causando la muerte de una misionera y su hija de apenas siete meses, y lesiones a otras tres personas.
A pesar de que el incidente fue debidamente aclarado, los Estados Unidos mantuvieron la suspensión, por lo que la Fuerza Aérea se vio severamente limitada, salvo para la recopilación de Información de Inteligencia, para realizar Operaciones de Interdicción. Una situación, confirmada por reportes de inteligencia, que ha venido siendo aprovechada por el narcotráfico, que ha construido innumerables pistas clandestinas, en especial en el Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM) y en la Zona del Putumayo, desde donde al mes salen como mínimo unos 60 vuelos clandestinos del VRAEM – en su mayoría Cessna 206 – cada uno de los cuales transporta entre 400 y 500 kg. de droga. a Brasil, Bolivia y Colombia.
Finalmente, tras la promulgación de la Ley N° 30339: Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, aprobada por el Congreso de la Republica el 20 de agosto de 2015, los Estados Unidos dieron inicio a un bloqueo logístico de los repuestos, partes y componentes empleados por las aeronaves y radares de origen estadounidense de la Fuerza Aérea, situación que genero aún más dificultades operacionales y logísticas, e incluso de inoperatividad, en las Operaciones Contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
Más aun, en un determinado momento de 2016, se retrasó la entrega, debido a “demoras en la emisión de las licencias de exportación”, de los Sistema de Cabina Digital Cockpit 4000, incluidas las computadoras de ataque, y de los Equipos de Navegación Táctica TACAN RT-1634(V) de fabricación norteamericana destinados a los últimos 4 KT-1P Torito que se encontraban siendo ensamblados en la Planta de Korean Aircraft Industries (KAI) y el Servicio de Mantenimiento de la FAP (SEMAN). (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima).
