(defensa.com) Ayer se presentó en las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 que ha asignado para el Ministerio de Defensa un presupuesto de 5.962,09 millones, lo que significa un aumento del 3,5 por ciento sobre los 5.759,83 millones de euros del año anterior.
Aunque se trate de una de los incrementos de menor cuantía entre la mayoría de los departamentos de la Administración, supone recuperar fondos a niveles del año 2013 después de que la partida del año pasado subiera testimonialmente un 0,4 %.
Este aumento, sin embargo, coincide con el que incrementa la “Política de Defensa” incluida en el documento “Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado”, denominado comúnmente Libro Amarillo, que cifra esta partida en 5.734,29 millones y que ha sido utilizada por la mayoría de medios de comunicación para referirse al incremento presupuestario. En ese epígrafe 2.2 referente a la Política de Defensa, se precisa que el Ministerio de Defensa mantendrá el próximo ejercicio el máximo número de militares de tropa y marinería en 79.000 efectivos, igual que los dos últimos años. El artículo 16 de la Ley de la Carrera Militar establece el número máximo de militares profesionales en servicio activo entre 130.000 y 140.000 efectivos, en los que están incluidos un máximo de 50.000 oficiales generales, oficiales y suboficiales. En este mismo epígrafe del Libro Amarillo se cifra en 4.324,99 millones de euros los gastos de personal, lo que arroja de nuevo una proporción de gastos para personal en torno al 75 % del presupuesto, lejos del objetivo del reparto equitativo entre personal y material.
Entre los objetivos de estos Presupuestos están la contribución a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda aprobados para el año 2016 y mantener las capacidades operativas mínimas e imprescindibles de las Fuerzas Armadas derivadas de los compromisos que se han adquirido por la pertenencia a organismos internacionales o por la participación en programas internacionales de defensa. Otra línea de actuación del Ministerio se refiere a la continuidad en la unificación de los servicios logísticos comunes y afrontar de forma global la atención de las necesidades de material de las Fuerzas Armadas aprovechando de la menor manera los recursos disponibles.
La reducción global del Capítulo 6 “Inversiones reales” supone que no se disponga de fondos suficientes para hacer frente a los compromisos de pago ante los consorcios internacionales y las industrias derivados de los “Programas Especiales de Modernización” que requieren de medidas extraordinarias. Con objeto de fortalecer la función de control y supervisión de los citados Programas Especiales se ha avanzado en el fortalecimiento del control de los programas mediante la transferencia de los Programas Especiales de Armamento desde los Cuarteles Generales a la Dirección General de Armamento y Material.
En días posteriores iremos desgranando con mayor profundidad la información incluida en los presupuestos desarrollando algunos detalles como la partida de 202,05 millones de euros para modernización de las Fuerzas Armadas, lo que supone disponer de 10 millones más que el anterior ejercicio. Mención aparte merecerá por ejemplo la referencia al programa de modernización de los aviones de despegue vertical AV-8B de la Armada que se menciona en el epígrafe 122A “Modernización de las Fuerzas Armadas” o la mención en el epígrafe 122B “Programas Especiales de Modernización” de que la limitación presupuestaria permitirá solo cumplir los compromisos de los programa de avión de combate Eurofighter, del helicóptero de combate Tigre o del avión de transporte A-400M. En este sentido se recuerda la gran importancia desde el punto de vista tecnológico, industrial y financiero de los Programas Especiales de Modernización ya iniciados. Sin embargo su alto coste económico y el mecanismo de financiación en el que participa el Ministerio de Industria y Energía anticipando la financiación sigue presentándose como insostenible en el tiempo.
El recurso del Partido Socialista ante el Tribunal Constitucional a este sistema de financiación sirve de toque de atención para este mecanismo que a pesar de sus innegables beneficios tecnológicos e industriales implica que antes del año 2030 el Ministerio de Defensa debería pagar unos 25.000 millones de euros. Teniendo en cuenta las partidas de las que dispone el Ministerio para inversiones resulta obviamente imposible cumplir con los compromisos frente a Industria y las empresas si no se incrementan sensiblemente los presupuestos o lo que parece más probable, se articule una herramienta alternativa que libere de dichas obligaciones al Ministerio de Defensa. (J.N.G.)
