La Cámara alta del Congreso Nacional tiene retenidos desde hace meses los pliegos de más de 180 oficiales superiores; mientras el nuevo ministro de Defensa evalúa su equipo de colaboradores y el futuro de las instituciones castrenses. En esa incierta situación está el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Juan Martín Paleo, nombrado por el presidente Alberto Fernández y propuesto durante la gestión de Agustín Rossi para ascender a teniente general. Algo similar pasa con los jefes del Ejército, general de división Agustín Humberto Cejas; de la Armada, vicealmirante Julio Humberto Guardia, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Xavier Julián Isaac.
El nuevo ministro de Defensa mencionó la orden que guiará la decisión sobre la continuidad o sustitución de los jefes militares: la “subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político”, un criterio que en las últimas décadas se daba por descontado y es innecesario remarcarlo. El Senado, estamento que el presente ministro integró desde fines de 2019, también tiene frenados los pliegos de los ascensos de otros cinco generales, seis coroneles y 79 tenientes coroneles en la fuerza terrestre. En total son más de 180 los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que ven relegados sus posibles promociones.
Los cinco generales de brigada del EA que ven cuestionados sus ascensos son Guillermo Olegario Gonzalo Pereda, director general de Planeamiento Militar del Estado Mayor Conjunto; Juan Antonio Zamora, inspector general del Ejército; Gustavo Pedro Tejeda, titular de Educación y vicerrector de la Universidad de la Defensa Nacional; Horacio Martín Señoriño, comandante de la División 3, con sede en Bahía Blanca, y Diego Martín López Blanco, conductor de la División 1, con asiento en la mesopotámica provincia de Corrientes, lindante con Brasil.
Debemos recordar que, en noviembre de 2020, al analizar los pliegos de ascenso que venían atrasados, el oficialismo quitó de la lista durante el debate en el Senado los nombres de dos oficiales que habían declarado en la Justicia en causas que comprometían a dirigentes políticos del gobierno. Se trata de los tenientes coroneles Jean Pierre Claisse y Walter Rovira, que siguen en las fuerzas, pero con destino incierto.
El retraso en el tratamiento de los ascensos alcanza en la Armada a los contralmirantes Eduardo Antonio Traina, subjefe de la fuerza, y Edgar Daniel González, inspector general naval. Se agregan los capitanes de navío Juan Carlos Romay (director de la Escuela Naval Militar), Marcelo Luis Fernández (comandante del Área Naval Atlántica), Claudio Dante Gardenal (Área Naval Fluvial), Sergio Gustavo Martino (director de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Coré (director general de Inteligencia), Marcelo Jorge Calvete (director general de Material) y Oscar Pedro Grasso (Investigación y Desarrollo), que superaron los exámenes de las juntas de clasificación y están en condiciones de pasar a ser contralmirantes. Siguen en la lista medio centenar de capitanes de fragata.
En la Fuerza Aérea Argentina esperan el visto bueno o no, sobre sus pliegos el brigadier Sergio Larsen, actual inspector general, y los comodoros Diego Fabián García, que viene de ser agregado militar en Chile y es actualmente director de Planes, Programas y Presupuesto; Fabián Carlos Celotto, ex agregado aeronáutico en Francia y actual director general de Inteligencia en el Estado Mayor Conjunto; Walter Lanutti, director general de Intendencia en la Fuerza Aérea; Fernando Patricio Valentich, quien estuvo destinado en Estados Unidos y hoy integra el área de Educación en la fuerza; Guillermo Alberto Stahl, director de Investigación y Desarrollo, y Carlos Héctor Valdés, jefe del Cuartel General en el edificio Cóndor, asiento del comando de la FAA. La lista se completa con una veintena de vicecomodoros, que pretenden seguir sus carreras con el uniforme azul.
En Argentina se produce un hecho extraño, ya que los pliegos tienen el visto bueno de la Secretaría de Derechos Humanos, que revisó los antecedentes de los militares y dictaminó que no se encontraron vínculos con causas de delitos de lesa humanidad, algo completamente lógico ya que no hay personal que perdure del tiempo del proceso militar. Todos los integrantes de las Fuerzas Armadas ingresaron a las mismas en Democracia. Asimismo, pasan el filtro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización privada relacionada con los organismos de derechos humanos, que desde hace años investiga pormenorizadamente los listados de los candidatos a oficiales, no solamente los superiores sino también de los mandos medios.
Esto ha permitido realizar purgas en las filas castrenses, en forma constante además de disciplinar al resto. Igualmente se pone el foco en especial sobre aquellos oficiales destacados o de ciertas especialidades, que pueden ser considerados como peligrosos por el estamento político en su clara visión antimiltar. (Luis Piñeiro)
