La presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la ministra Maria Thereza de Assis Moura, suspendió la decisión del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1) concediendo la medida cautelar que impidió la continuación del proceso de compra de vehículos blindados Centauro II por parte del Ejército Brasileño.
La formalización del contrato internacional estaba prevista para el último día 5 y el gobierno tenía hasta este jueves para comprometer el monto inicial a pagar en 2023: 200.000 dólares.
Según la ministra Thereza Moura, la adquisición de vehículos blindados es parte de una política pública de largo plazo, sustentada en una amplia discusión técnica, que comenzó hace diez años.
“El proyecto en cuestión, 'Projeto Forças Armadas', comenzó en 2012, por lo tanto hace más de diez años, y no es algo apresurado o trazado repentinamente. El gasto fue debidamente incluido en el Plan Plurianual para 2020-2023, aprobado por el Congreso Nacional en diciembre de 2019, e incluida como 'Inversión Prioritaria Plurianual", explicó la magistrada al referirse a la información del proceso.
Además, la compra se realizará en un período de 17 años, que se extenderá hasta 2040, siendo inapropiada la alegación de "grandes gastos en un momento de restricción presupuestaria", la justificación utilizada para suspender la compra.
“Contrariamente a lo señalado en la resolución impugnada, no está previsto el desembolso instantáneo de la cantidad de 900 millones de dólares /12/2022, como forma de confirmación del contrato y dentro del período de compromiso de la asignación presupuestaria de 2023” , explicó.
La Dra. Moura destacó la necesidad de "garantizar la continuidad del proyecto de renovación del parque militar, no sólo porque la decisión impugnada puede dar lugar a un aumento de las cantidades ya alineadas, con un perjuicio económico efectivo para la Unión, sino también porque la medida cautelar otorgada compromete la estructura y el plan de defensa exterior elaborado por el Ministerio de Defensa y el Ejército Brasileño, y la propia capacidad de defensa nacional", lo que podría causar "perjuicios inequívocos al orden, a la capacidad de seguridad exterior y a la economía pública".
Tras la interposición de una acción popular por parte de connotados políticos de izquierda ,ex jerarcas de gobiernos anteriores , el primer Tribunal otorgó una medida cautelar para suspender la compra, bajo el argumento de que la operación alcanzaría valores superiores a los 900 millones de dólares en un momento marcado por recortes de gastos en el Ejecutivo Federal.
En la solicitud dirigida al STJ, el gobierno argumentó que la suspensión del procedimiento causa graves daños al orden público y la seguridad, en vista de las necesidades estratégicas del Ejército.
La Unión Federal mencionó el esfuerzo de varios sectores para garantizar las condiciones presupuestarias para la compra de vehículos blindados. Para el derecho público, los retrasos en el procedimiento pueden causar perjuicios a las arcas del Estado, ante posibles reajustes o terminación contractual, sin olvidar la eventual labor de rehacer todo el proceso de compra desde el principio.
Normas Contables
Además, la autoridad impugnó los valores señalados en la acción popular y dijo que en un primer momento solo se adquirirían dos vehículos blindados. Al analizar el caso, la ministra Maria Thereza de Assis Moura refutó la asociación entre los recortes en salud y educación en el presupuesto y la inversión para la renovación de la flota de blindados del Ejército.
Recordó que el plan plurianual con la previsión de esta inversión fue aprobado por el Congreso, siendo imposible desglosar los gastos para direccionarlos a otras áreas. “Los gastos comprometidos en la categoría de 'defensa nacional' no pueden, por ley, ser desplazados a ningún otro destino, por más relevante que sea, no prestándose así a afectar el gasto en salud o educación”, dijo.
El Tribunal de Justicia también consideró que, como destacó la Unión, la demora en el procedimiento podría generar altos costos para Brasil y causar dificultades en la planificación técnica desarrollada para este fin.
“La adquisición del vehículo CENTAURO II 8x8 -había dicho el Ejército hace unos días- tiene por objeto sustituir parte de la flota de vehículos blindados EE9 (Cascavel), que llegó al final de su vida útil tras cuatro décadas de uso exhaustivo. Así, la compra se justifica por atender la evidente necesidad de actualización tecnológica de este tipo de material; brindar la seguridad indispensable a nuestros soldados en entrenamiento y operaciones y permitir que la Fuerza Terrestre ejerza sus atribuciones en condiciones adecuadas a lo que se propone.
Contrariamente a lo que erróneamente han propagado algunos sectores, el proceso de adquisiciones se lleva a cabo desde hace años, involucrando estudios técnicos, prospección de mercado y análisis estratégico, con el objetivo de identificar la mejor propuesta posible que cumpla con los criterios establecidos por el Ejército.
La firma del contrato inicial, que estaba prevista para diciembre de 2022, contempla la entrega de solo dos ejemplares del blindado Centauro II 8x8, que serán evaluados por el Centro de Evaluación del Ejército (CAEx).
Tras la aprobación de estos prototipos, se firmará el contrato principal, con el objetivo de obtener un total de 98 vehículos en 5 años, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Fuerza Terrestre, declaró el Director de Comunicación Social del Ejército, Gral. Júlio César Palú Baltieri en un mensaje oficial del Ejército. (Javier Bonilla)
