Desde ATME se asegura que “no se puede entender como si el Ministerio de Defensa quiere reducir el número de soldados y marineros, además de no ampliar su plantilla permanente, no comienza por una medida lógica, como es dar una salida al personal más veterano que cumpla los requisitos establecidos, a través del pase voluntario a la reserva, lo que conllevaría un aumento en las plazas para el acceso por concurso-oposición a la permanencia, con la estabilidad laboral que ello conllevaría a ese personal temporal”.
Por otra parte, las declaraciones del Ministro de Defensa donde garantizaba que el próximo Código Penal Militar, será una reforma “para las Fuerzas Armadas del siglo XXI”, donde “La justicia debe imperar en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad”, frase recogida en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas de 1.978, hoy derogadas, siembra de inquietud a ATME, ya que, afirman, este proyecto de Código Penal Militar, junto al Proyecto de Régimen Disciplinario, van a suponer la continuidad de los arrestos castigados por parte de mandos militares con privación de libertad, incluso por causas tan nimias como ir mal afeitado, llevar las botas sucias o que un superior interprete que se le ha contestado de manera improcedente. “Estas sanciones no afectan solamente al interesado, sino que se extienden a su familia. ATME considera que las sanciones de privación de libertad deben ser, como para el resto de los ciudadanos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como consecuencia de un acto delictivo, juzgado y sancionado por un juez”.
Según datos que posee ATME, referentes a faltas graves, el 96% de los sancionados son tropa, el 4% suboficiales y el 0% Oficiales, siendo el porcentaje del personal que recurre ínfimo, debido al alto importe económico que supone el contencioso-disciplinario y la necesidad de contar con unos conocimientos legales suficientes. Es por esto, que ATME aboga para que todas las faltas, tanto leves como graves, sean sancionadas administrativamente, lo que implicaría que en caso de ser ganados los recursos contra estas faltas, la parte económica podría ser restituida, cosa imposible con la pérdida de libertad.
A juicio de la Asociación, “lo que debería haber sido un cambio significativo de mentalidad, adaptándolo a unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales, no deja de ser un cambio sin el debido calado que continuara perjudicando al personal de nuestra escala”.
