Para exponer mi visión del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 para el Ministerio de Defensa desde la perspectiva de la determinación de capacidades necesarias para las Fuerzas Armadas y su eficacia operativa en el actual y en el previsible entorno de seguridad, haré referencia a cuestiones como el esfuerzo operativo que estamos realizando y el previsible; las necesidades priorizadas para dotar a nuestras Fuerzas Armadas con unas capacidades suficientes que proporcionen la disuasión necesaria; el esfuerzo para sostenerlas adecuadamente; y, finalmente, la manera en la que empleamos los recursos que se ponen a nuestra disposición y los beneficios que reporta la inversión en defensa.
Iniciaré mi exposición contextualizando el proyecto de Presupuestos de Defensa para 2023 en el marco del entorno estratégico actual, que es de carácter incierto, extraordinariamente volátil y nos demanda incrementar las medidas que permitan mantener y mejorar nuestra seguridad y resiliencia ante los principales retos de un mundo hiperconectado, altamente tecnificado y en continua competición estratégica, donde los principios de la democracia, los derechos humanos y el orden internacional basado en normas están cada vez más cuestionados.
La invasión ilegítima e injustificada de Ucrania por Rusia ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones internacionales, que ha conducido al fin del periodo de la posguerra fría, generando una nueva realidad en la que la competición geopolítica se lleva a cabo mediante el empleo de actuaciones híbridas, crece el desafío de determinadas potencias regionales y los acontecimientos se suceden con una extraordinaria rapidez; hechos que tienen un claro impacto para la seguridad europea, con repercusiones profundas en los ámbitos económico y social.
Por ello, durante la Cumbre de Madrid del pasado mes de junio, los líderes de la OTAN aprobaron un nuevo concepto estratégico, en el que se acordó un nuevo modelo de fuerzas, que provocó una revisión de la estructura de mandos y de fuerzas de la alianza, que apuntaló las tareas principales de la alianza —en especial, la disuasión y defensa— y que instó a los países miembros a dotar de los recursos necesarios a la nueva generación de planes militares que se están elaborando.
Este es un reto en el que estamos ya completamente inmersos, tanto en clave nacional como internacional. De hecho, ya hemos alineado las actividades derivadas de nuestras líneas de acción estratégica con las de nuestros aliados y socios. En lo que se refiere a las actividades, misiones y operaciones de nuestras Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en el exterior, quedan todas ellas enmarcadas en alguna de las tres líneas de acción estratégicas que fueron definidas en el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas que, como saben, entró en vigor hace poco más de un año y que establecen nuestro esfuerzo operativo.
Durante 2022 se inició la construcción de la primera fragata F-110 (foto Navantia).
La primera de ellas, denominada disuasión y defensa, incluye actividades con carácter permanente, tanto en el ámbito nacional y espacios de interés como en aquellos otros que puedan afectar a los intereses nacionales. Todo ello con el objetivo de dar credibilidad a nuestra disuasión y capacidad de defensa ante posibles amenazas contra nuestra seguridad. Estas misiones, las de disuasión y defensa, se realizan tanto en el ámbito nacional con carácter exclusivo, como en el de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos.
La segunda línea de acción estratégica es la de proyección de estabilidad. Con ella tratamos de acometer riesgos transversales para la paz y la estabilidad, como el terrorismo transnacional, el crimen organizado o la piratería, en regiones que afectan directamente a nuestra seguridad e intereses. Estas acciones también se realizan, tanto de forma bilateral como en colaboración directa con aliados y socios a través de las organizaciones internacionales, principalmente la Unión Europea, la OTAN y Naciones Unidas.
Finalmente, la tercera de las líneas de acción estratégica afecta a las actividades con las que contribuimos a la seguridad nacional. Una de las misiones de las Fuerzas Armadas es colaborar con el resto de las administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Además, llevamos a cabo misiones de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo en las búsquedas y salvamentos.
También contribuimos al Sistema de Nacional de Protección Civil y participamos en el Sistema Nacional de Gestión de Crisis. Creo que los ejemplos de estas contribuciones son claros y conocidos. Los últimos han sido la operación Balmis, que en el pico máximo de necesidades contó con la participación de 5.000 militares, y la reciente actividad que tuvimos que realizar con motivo de la erupción del volcán Cumbre Vieja en Canarias.
Planeamiento de la defensa
Una vez comentado muy brevemente el entorno estratégico actual y a qué dedicamos nuestro esfuerzo operativo en esas tres líneas de acción estratégica, continúo con un asunto sobre el que este proyecto de Ley tiene un impacto directo: el Planeamiento de la Defensa. Actualmente, nos encontramos inmersos en la fase de planeamiento de un nuevo ciclo que deberá permitir definir y dotar a nuestras Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias para cumplir las misiones que nos asigne el Gobierno.
Uno de los factores más importantes que condiciona el desarrollo de este planeamiento es, sin duda alguna, el escenario económico y la previsión de inversión en nuestras Fuerzas Armadas. A lo largo del año 2022 el escenario de planeamiento financiero con el que empezamos ha evolucionado de una manera muy notable, debido a diversos hechos y condicionantes internacionales por todos conocidos y a la decidida apuesta de los países miembros de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica por un incremento de los gastos en defensa.
Esto ha motivado la revisión del escenario financiero del Ministerio de Defensa, que actualmente tiene como objetivo alcanzar, como es conocido, el 2 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) en el año 2029. Para ello, se pretende seguir una senda de incremento progresivo de recursos económicos en los diferentes capítulos del presupuesto destinado a la defensa, que creo yo que permitirá proporcionar la deseada estabilidad financiera y progresar en el alineamiento de la industria de defensa nacional con los objetivos del departamento. Además, en el ámbito internacional, el incremento presupuestario permitirá afrontar los compromisos operativos y cubrir nuestra contribución a las necesidades militares, tanto de la Unión Europea como de la OTAN.
Un empleo eficiente de estos nuevos recursos requiere de una priorización en la inversión que permita a las Fuerzas Armadas implementar sus líneas de acción estratégica y cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros aliados y amigos. En este sentido, he considerado como prioritarios en el corto y medio plazo, y por este orden, lograr el incremento de la operatividad y disponibilidad de la fuerza, la recuperación de las capacidades degradadas o perdidas, el impulso del desarrollo y evolución de las capacidades que permitan mantener la superioridad tecnológica y la interoperabilidad y optimizar aún más la gestión del recurso humano, aumentando gradualmente, y en la medida de lo posible, los efectivos de las Fuerzas Armadas como medida transversal a todas las anteriores, de manera que podamos cumplir nuestros cometidos en los nuevos espacios de combate que ya hoy en día son una realidad. Me estoy refiriendo al espacio cibernético y al ultraterrestre.
Se modernizarán los misiles "Patriot" (foto Ejército de Tierra).
Impacto de los presupuestos en las capacidades de las Fuerzas Armadas
Expuestas someramente las prioridades en la asignación del recurso económico previsto, paso a examinar el contenido concreto del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de Defensa desde la perspectiva de su impacto en las capacidades de las Fuerzas Armadas y su operatividad. Me gustaría, en primer lugar, agradecer el esfuerzo realizado para proporcionar un mayor recurso económico, especialmente en lo que afecta a la necesaria modernización de las Fuerzas Armadas. Estoy refiriéndome al incremento respecto al año anterior, claramente. En términos generales, el proyecto de presupuestos es de 12. 825 millones de euros. Supone un incremento, en lo que afecta a la ejecución de la política de Defensa, de un 25,8 por ciento respecto al año anterior.
Pasando a comentar cada uno de los capítulos que lo componen, comenzaré por el de personal y, en particular, por el dimensionamiento de este recurso. He de significar que el aumento de los nuevos cometidos en los nuevos ámbitos, como he dicho, de operación en el ciberespacio y el espacio ultraterrestre, así como las exigencias que se van a derivar de todo el proceso de transformación digital de las Fuerzas Armadas, nos van a exigir un requerimiento de un incremento en la cantidad del personal, tanto militar como civil, superior al actual para actuar con la máxima eficacia, personal que además no solo es una cuestión de cantidad, sino que tendrá que recibir una formación de carácter específico de alta calidad.
Sin detenerme en lo que ha supuesto el incremento del Capítulo 1, en lo que respecta al Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, se prevé un incremento de aproximadamente 117 millones de euros respecto al año pasado, pasando de 909 millones a 1.026 millones, lo que representa un 12,92 por ciento más. Siendo sin duda este aumento en el Capítulo 2 un dato positivo, dado que la realidad es que parte de este incremento será absorbida por la subida de los precios en suministros básicos, como pueden ser la electricidad, el gas, los combustibles, los repuestos, la alimentación, el vestuario, etc., el incremento destinado a adiestramiento y preparación de la fuerza, como nos lleva ocurriendo todos los años, deberá complementarse necesariamente con los créditos provenientes de las operaciones de mantenimiento de la paz, que incluso es posible, dependiendo de la actividad que apruebe el Consejo de Ministros para el año que viene, que tengan que ser mayores. De esta manera confío en que podremos alcanzar los niveles adecuados en el adiestramiento y preparación que necesitamos para hacer frente a esas misiones.
En cuanto al Capítulo 6, el aumento es muy considerable, de más del 60 por ciento, respecto al anterior ejercicio. También es significativo que, de los 5.868 millones destinados a inversiones del Ministerio en 2023, 4.901 millones corresponden a los programas especiales de modernización, lo que supone más de un 83,52 por ciento del capítulo. Este notable aumento en la partida correspondiente a los planes especiales de modernización consolida el esfuerzo en la inversión en este concepto iniciado en años anteriores, contribuyendo, sin duda, a mejorar y alcanzar las capacidades que necesitan nuestras Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que favorece el desarrollo de nuestra industria nacional. No obstante, y al igual que ocurre con los créditos para la preparación de la fuerza, el incremento en las partidas de sostenimiento y reposición, aunque al alza, también deberá complementarse adecuadamente con los créditos para operaciones de mantenimiento de la paz para cubrir así las necesidades correspondientes a este ámbito.
Hablando de estos créditos de operaciones de mantenimiento de la paz, en los últimos años dos terceras partes del presupuesto destinado a su mantenimiento en el Capítulo 6 venían de este fondo de OMP. Este recurso anteriormente llegaba en tres ampliaciones a lo largo del año, lo que provocaba que fueran difíciles de gestionar una vez pasado el primer semestre. Sin embargo, ya llevamos tres años —este 2023 será consecutivo— en que el proyecto de presupuestos consolida la tendencia de años anteriores de incluir una parte de él inicialmente en el presupuesto ordinario, circunstancia que facilita enormemente la gestión. Además, en los dos últimos años hemos recibido los créditos ampliables en su totalidad en el primer semestre del año, incluso con anterioridad a finales del mes de mayo, lo que —como espero que se mantenga este criterio— nos facilita mucho la posibilidad de su ejecución en el margen que tenemos asignado.
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NH90 del Ejército del Aire
Impacto en la industria nacional
Como se puede deducir de lo expuesto anteriormente, gran parte de la inversión en defensa prevista en este proyecto de Ley será empleada en adquisiciones y en menor medida también en acciones de mantenimiento, infraestructuras o servicios provenientes de empresas nacionales o de consorcios con participación española, generando beneficios al conjunto de la sociedad. Estos beneficios tienen un impacto notable y directo en diversas materias, tan relevantes como la inversión en el tejido productivo de la base tecnológica e industrial de la defensa, así como la generación de empleo de calidad e impulso de la innovación y el talento, lo que deberá conducir al aumento de la competitividad de las empresas nacionales en el mercado internacional, favoreciendo sus exportaciones y la contribución —esta es la parte que más nos interesa desde el punto de vista operativo— a una mayor autonomía estratégica nacional y con ella a la europea.
Adicionalmente, y en lo referente al sostenimiento de nuestras unidades, cabe destacar que la inversión en este capítulo del presupuesto de defensa supone un beneficio directo a la consolidación de pequeñas y medianas empresas, de las industrias auxiliares, de las industrias tractoras y de determinados consorcios empresariales encargados de su mantenimiento, favoreciendo de esta forma también la industria de ámbito local. En relación con los programas especiales de modernización mencionados, me gustaría resaltar que, además de ser necesarios para adaptar nuestros sistemas y capacidades a las amenazas a las que deberán hacer frente, son programas que tienen un relevante impacto en el campo de la innovación de la base tecnológica e industrial española. Estimo que este provechoso retorno económico y tecnológico de las inversiones de defensa en el tejido industrial nacional debería tenerse en cuenta a la hora de valorar la rentabilidad real de las elevadas cantidades destinadas a estos programas.
A modo de conclusión, considero que estos presupuestos, junto a los créditos para las operaciones de mantenimiento de la paz, permitirán a las Fuerzas Armadas cumplir las misiones que nos encomiende el Gobierno. Además, como responsable de la definición y priorización de capacidades y de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, valoro muy favorablemente el aumento en la partida destinada al esfuerzo inversor dedicado a la obtención de nuevos sistemas de armas, para así hacer frente a una urgente necesidad de adquirir, modernizar y recuperar capacidades. El escenario internacional actual demanda unas Fuerzas Armadas modernas, eficaces, equilibradas, viables y sostenibles, y el aumento presupuestario que recoge este proyecto de ley y la senda de incremento de inversión en defensa durante los próximos años sin duda contribuirán a ello.
Para terminar, quiero manifestar una vez más que las Fuerzas Armadas seguirán esforzándose en lograr un alto nivel en su preparación, de forma que puedan servir a nuestra sociedad dentro y fuera de nuestras fronteras, cumpliendo adecuadamente con las misiones que el Gobierno nos encomienda. (Almirante General Teodoro Esteban López Calderón)
