El actual conflicto armado entre Rusia y Ucrania está mostrando combates terrestres en los que pueden verse los vehículos blindados más modernos de ambos bandos, pero también otros que hacía años no se veían en activo, se consideraban relegados a segunda línea o a conflictos de baja intensidad.
A menudo las fuerzas armadas más pudientes consideran que modernizar sistemas veteranos (legacy se dice ahora) o adquirir otros de segunda mano en lugar de comprar otros nuevos es una opción solo deseable en tiempos de escasez presupuestaria. Sin embargo este mercado de ocasión permite conseguir “chollos” en los que la industria nacional puede incorporar valor y adaptar lo adquirido a las necesidades últimas del cliente. Igualmente vehículos blindados que en las fuerzas armadas de las primeras potencias son considerados carne de soplete y chatarra, con una mínima inversión pueden satisfacer las necesidades de otros clientes.
Entre estos tenemos por ejemplo en España unidades policiales que necesitan vehículos blindados para determinados cometidos, caso que hemos citado aquí en varias ocasiones con los Blindados Medios de Ruedas (BMR) destinados a la Policía Nacional por ejemplo. Unidades de fuerzas especiales militares como el Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra y policiales como el Grupo Especial de Operaciones (GEO) o la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil necesitan plataformas protegidas especialmente adaptadas para determinadas actuaciones de alto riesgo. Igualmente compañías privadas de seguridad necesitan a menudo este tipo de vehículos en sus misiones en terceros países
¿Por qué traemos ahora esta cuestión? Se da la circunstancia de que con la llegada de los nuevos Vehículos de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 “Dragón” al Ejército de Tierra, hay en marcha un proceso para la baja de gran número de los citados BMR y de los Transportes Orugas Acorazados (TOA). Para estos vehículos “sobrantes” el usuario a menudo solo concibe el destino citado de la chatarrería, porque es también el trámite más sencillo, sin embargo muchas empresas están especializadas en dar una segunda vida a estos vehículos.
Algunos ejemplos ya hemos citado, en aplicaciones policiales, pero también están otros nuevos usos que pasan por el desempeño de cometidos especiales relacionados con las tareas de los ingenieros y el uso de explosivos, o la transformación en Vehículos Terrestres no Tripulados (Unmanned Ground Vehicles o UGVs), tarea para la que hay suficiente know how en la industria nacional y de la que hemos analizado múltiples ejemplos.
También viene a colación porque a menudo el Ministerio de Defensa recibe peticiones internacionales para la venta de algunos de esos vehículos, que ya relegados a segundas tareas o a la baja en España, resultan aún muy valiosos para otros usuarios.
Sin embargo para la Administración no suele ser tarea fácil enajenar estos activos máxime sus especiales características por tratarse de sistemas de armas. Por eso, deberían facilitarse los cauces para que vehículos que tienen por destino la chatarra puedan ser vendidos a terceros países o a compañías privadas que, con la determinada transparencia y cumplimiento de la legislación, puedan ponerlos en el mercado con un dinamismo que a veces no es posible encontrar en el sector público.
Además estas empresas españolas dispondrían de plataformas de capacidades más que comprobadas sobre las que realizar mejoras en sus sistemas motrices, transmisiones, suspensiones, sistemas de mando y control, de armamento y protección, de comunicaciones o cualquier otro que permita alargar la vida útil del vehículo, desempeñando las misiones para las que fue diseñado o adaptándose a otras nuevas. Se trata de áreas en las que las empresas nacionales han demostrado al Ministerio de Defensa su valía en programas de sostenimiento o modernización. Además este círculo virtuoso serviría para crear puestos de trabajo en las citadas empresas y en dinamizar la oferta de sistemas para estos vehículos, contribuyendo a sostener la base industrial nacional de la defensa.
Una posibilidad que desde el sector nos trasladan es la de emplear la fórmula del pago como permuta, es decir, que el Ejército de Tierra por ejemplo, pague con blindados ya dados de baja o en proceso de baja, productos o servicios contratados en el sector privado. Cumpliendo siempre la legislación vigente, sería posible reducir los costes asociados a la tramitación como residuos o el sostenimiento si aún están en servicio y convirtiéndose en un valioso input para que estas empresas desarrollen nuevos productos, fomentando de paso la conocida como economía circular.
Para ver lo complicado que resulta actualmente este proceso baste recordar que en los últimos tres años el Ministerio de Defensa ha cedido seis BMR a la Policía Nacional, blindados que habían sido ya dados de baja, pero con un gran remanente de kilómetros por delante, debiendo recurrir a la figura legal de la mutación demanial o cambio de afectación de un bien de dominio público. (José Mª Navarro García)
Fotografia: BMR del Batallón de Zapadores Paracaidista VI de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra (autor)
