El Jefe del Estado Mayor de la Defensa uruguayo informó al ministro de Defensa, Dr. Javier García, que había decidido renunciar, tras 45 años de carrera, tras mantener ambos serias diferencias en asuntos técnicos y administrativos y temas de trasfondo filosófico en boga en estos días, vinculados a los juicios a militares por la época de la dictadura.
Aludiendo a "diferencias de trabajo y de opinión en asuntos militares" , el general Fajardo declaró a la prensa local que “no compartía ni comparto algunos puntos de vista, así como algunas decisiones tomadas por el ministro” Javier García, decidiendo pedir el pase a retiro.
"Yo no era considerado en la toma de decisiones, no me hacían partícipe, y eso evidencia las visiones diferentes que teníamos en algunas cosas",
Además, un pronunciamiento del ministro García, bastante diferente a los duros conceptos que vertía a fines de mayo de 2020, cuando en una insólita decisión se detiene y condena por asesinato a un soldado que en democracia y en plena lucha antiterrorista, cumpliendo una orden directa, abatió a un guerrillero detenido que huía, apuntando a las piernas, pero dada la calidad y vetustez del arma la ráfaga se elevó a la espalda, siendo absuelto el militar. Creó un gran malestar en uniformados activos y retirados, al cual el Gerneral Fajardo es muy sensible.
El ministro, en esa oportunidad, junto al presidente Luis Lacalle Pou, manifestó gran molestia y alarma ante este primer procesamiento, que preludiaría a decenas de otras actuaciones de una fiscalía especial para asuntos de la pasada dictadura (1973-1985) que el gobierno anterior ha estirado hasta 1968 ( ya en democracia) generando polémicas pensiones e indemnizaciones, además de persecuciones judiciales que pretenden ampararse en un dudoso Estatuto de Roma-sólo vigente a partir de su ratificación en 2006, pero que un Poder Judicial acepta ampliar hasta esas fechas.
En los últimos 18 meses fueron sometidos a los estrados judiciales, e invariablemente procesados todos los acusados, no obstante la usual falta de pruebas documentales-especialmente para casos de hace más de 40 años- y su avanzada edad, anunciándose otra tanda de indagados para los próximos días.
Sin embargo, el ministro García descartó ante la prensa (no obstante hasta legisladores oficialistas denuncian diariamente extra limitaciones judiciales por motivos ideológicos) que se estén generando una suerte de presos políticos, no obstante los familiares de los últimos detenidos van a recurrir a los organismos internacionales.
Esto irritó al universo militar, debido a que los actualmente sometidos al trajinar judicial no son los referentes de la vieja dictadura.
Aún no se sabe quién sucedería al General Fajardo, a quien el propio ministro le pidió que permaneciera algunos días o semanas más, hasta el nuevo nombramiento. Se desconoce si se daría el proceso de rotación entre las Fuerzas, por lo cual podría ser un oficial naval o de la FAU quien relevara el cargo, o se mantendría un General de la Fuerza Terrestre.
Si se optara por un contralmirante, se generaría un problema adicional en la Armada, ya que desatada una sucesión por una a su vez nueva vacante, podría asumirla un candidato (quizá de un entorno muy cercano a Casa Militar) sin curso de Estado Mayor y otros destaques curriculares, que sí serán obligatorios a partir del 31 de enero próximos.
Quien sea designado debería continuar las actuales gestiones del renunciante, especialmente en los Estados Unidos, para dotar al Ejército de nuevos blindados aptos para Misiones Operacionales de Paz en el extranjeros, nuevas partidas de anteojos de visión nocturna (NVG) para diversas Fuerzas y fondos para poner a punto los helicópteros de la Fuerza Aérea, además de acompañar la llegada de las patrulleras costeras estadounidense Marine Protector -gestión del Esmade y el Comando de Flota de la Armada- y otros ítems en curso, incluido el patrullaje de fronteras, iniciado en 2020 de forma conjunta y coordinado por el Estado Mayor de la Defensa. (Javier Bonilla)
