Tras el asesinato de cuatro niños pertenecientes al pueblo indígena Murui, el Gobierno de Colombia ha tomado la decisión de suspender de manera unilateral el cese al fuego con el grupo guerrillero de las disidencias de las FARC.
El suceso ocurrió después de que los menores decidieran huir del campamento guerrillero, donde permanecían desde el pasado 26 de marzo, fecha en la que fueron reclutados de manera forzada para ingresar a formar parte de este grupo armado.
Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, los hechos habrían ocurrido cerca de un resguardo indígena ubicado en el departamento del Putumayo, entre los departamentos Caquetá y Amazonas.
Una vez conocido el asesinato de los menores, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de twitter: “El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos”.
Posteriormente, el pasado 21 de mayo, el gobierno colombiano, a través de un comunicado de prensa, daba a conocer la decisión de suspender el cese al fuego en un plazo máximo de 72 horas, las operaciones militares contra el grupo disidencias de las FARC, comandadas por alias Iván Mordiscos, se reinician así en los departamentos del Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.
El texto dado a conocer establece que: “Después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad – y debido a la grave violación del derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumando a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2002”.
Tras el pronunciamiento, la respuesta del grupo guerrillero no se ha hecho esperar y anunciaron que: “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”, en un claro desafío al gobierno de Gustavo Petro, quien ha insistido en propiciar el espacio adecuado para adelantar negociaciones con todos los grupos armados ilegales presentes en el territorio colombiano. (Carlos Vanegas, corresponsal Grupo Edefa en Colombia).
