A estas alturas del ejercicio, y teniendo en cuenta el ambiente político, parece que el Gobierno puede volver a abandonar la idea de presentar los presupuestos, que es sin duda el acto más relevante de toda administración pública al cabo de un año.
Sin presupuestos, no hay programa político, ni plan económico, ni política social ni inversiones, es decir, que, en puridad, no debería haber Gobierno, y cuando se alcanza esta incapacidad, es cuando hay que dar un paso atrás y convocar elecciones. Esto es lo que ocurriría en un país con más tradición democrática y menos ambición política.
Pero tampoco es una situación nueva. Lo mismo ocurrió hace ocho años, cuando el Gobierno de Rajoy fue incapaz de aprobar tres presupuestos en otro ejercicio de irresponsabilidad. Pero, quizás, teniendo en cuenta la disparidad de fuerzas políticas y que algunas de ellas, decisivas, solo tienen ambiciones unilaterales y, por mucho que nos vendan la moto, los nacionalistas solo pretenden detraer recursos de los no nacionalistas, el modelo actual no sirve para garantizar los recursos de la Defensa en tiempo y forma.
Pero cuando estamos, por primera vez en ochenta años, más cerca que nunca de una guerra, cuando nuestro Ministerio de Defensa está en modo suministrador de armas a un país atacado por Rusia y nuestras industrias proporcionan a un país en conflicto todo tipo de armamento, ¿no parece una frivolidad que no tengamos presupuestos?
Puede serlo, pero quizás no sea extraño, teniendo en cuenta que importantes fuerzas de la coalición que soporta al Gobierno casi verían con buenos ojos dejar caer a Ucrania en el lado de Rusia.
España está en la actualidad inmersa en un intenso presupuesto inversor en Defensa. Se han firmado contratos que deben ejecutarse en estos años de ejercicio prorrogado por importe de decenas de miles de millones de euros y que no pueden retrasarse por dos razones: porque afectan a la seguridad nacional y porque su impacto en las cuentas de nuestras empresas es enorme.
Es un grave ejercicio de irresponsabilidad dejar a la Defensa en estos momentos sin su instrumento más importante, el presupuesto.
Y este hecho nos devuelve a una discusión que iniciamos en el Ministerio de Defensa hace más de treinta años, cuando se suspendió la aplicación de la Ley de Dotaciones para las Fuerzas Armadas, la aprobación de una Ley Programa de la Defensa similar al caso francés, que quizás sea el mejor modelo a imitar.
España ha invertido 60.000 millones de euros sin un plan, sin una cobertura presupuestaria, a base de emitir cheques en función de las capacidades y necesidades de cada momento.
Pero cada uno de estos programas necesita taxativamente de una estabilidad presupuestaria para dar certeza a su continuidad y facilitar su correcta ejecución y, teniendo en cuenta el volumen alcanzado, el problema no es menor. Habría que estudiar si sería necesario modificar el Artículo 134 de la Constitución, pero una ley presupuestaria plurianual para las inversiones en Defensa nos permitiría dejar fuera de toda esta problemática a las necesarias y complejas inversiones en nuestra seguridad.
Una ley de presupuestos plurianuales de Defensa con un plazo de siete años, que entrara en vigor cada 1 de enero del periodo, con sus recursos asignados, salvaría todos estos problemas coyunturales de la política y de la aritmética parlamentaria.
Con muy alta probabilidad, una ley de este tipo contaría con el consenso de los dos grandes partidos, lo que sin duda tendría un enorme efecto positivo, lanzando un mensaje de unidad del Estado y de compromiso con su seguridad.
Si nuestros enemigos, si es que los tenemos, ven que España se queda sin Presupuesto de Defensa porque hay otros enemigos al interior con capacidad de decidir cómo deben ser los presupuestos de la organización destinada a protegernos de los enemigos, van a llegar a conclusiones que resultan inquietantes, y este es otro aspecto que los principales partidos deberían considerar.
Esa ley debería incluir siete ejercicios con las anualidades de los contratos en curso, más los de aquellos que se quieran lanzar en el periodo, permitiendo además una mejor planificación y un más adecuado proceso de evaluación de soluciones y de su implementación industrial, dotando a nuestra industria de una mayor seguridad en su cartera de pedidos, fundamental para su financiación y planificación.
Una ley que, además, debería incluir una serie de pautas sobre su gestión. Se me ocurren entre otras, como una comisión especial del Congreso destinada al control de su cumplimiento y que permita a los representantes de cada provincia participar en el debate político sobre los programas, un modelo que no debería ser muy diferente del Congreso de Estados Unidos.
Una ley que establezca pautas de preferencia industrial nacional, de promoción de los acuerdos de colaboración europeos, regulando el procedimiento de obtención de retornos industriales en el caso de adquisiciones en el exterior y que establezca un mecanismo de compensación de los anticipos realizados por el Ministerio de Industria en el pasado y que todavía son adeudados; unos asientos contables que ya resultan incomprensibles en la contabilidad pública después de tantos años y que, en cualquier balance privado, ya habrían sido provisionados al cien por cien.
Además, al superarse el plazo de doce meses, resultarían mucho más flexibles, al eludir todo el complejo proceso de modificaciones presupuestarias que deben darse para no perder los recursos de un ejercicio por una deficiente planeación o ejecución de los contratos.
Todos los gobiernos desde 1995 han visto en esta práctica de planeación a largo plazo de la defensa un riesgo político, pero las circunstancias actuales no son las anteriores.
La conciencia sobre la defensa ha cambiado y las necesidades y las amenazas también. Lejos de ser un riesgo, es una gran oportunidad para el Gobierno lanzar una iniciativa de esta naturaleza, que sería vista por nuestros aliados en la OTAN como un paso adelante y decidido por el cumplimiento de los objetivos de gasto en defensa del 2 por ciento al final de la década y un compromiso mucho mayor por la seguridad colectiva. A ver si me da tiempo, diez años después, a volver a insistir con este tema o ya es tarde. (Por Enrique Navarro / Presidente MQGloNet)
