En julio tuvo lugar en Washington la 75ª Cumbre de la OTAN, días antes del fallido atentado al que podría ser el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que, aunque pasó sin gran pena ni gloria, arrojó datos sobre los presupuestos españoles que generar no poca incertidumbre.
La reunión marcó el final del plazo dado a la década de incremento presupuestario a la que se comprometieron los socios en 2014, tras la primera invasión rusa de Ucrania, intensificada con la operación a gran escala de 2022. Viendo las orejas al lobo, en la Cumbre de Cardiff de 2014 los socios de la OTAN se comprometieron a destinar al menos el 2 por ciento de su Producto Interior Bruto a Defensa en diez años y que al menos una quinta parte de esa cantidad tuviera como fin nuevas inversiones.
España llegó a la de Washington en el último puesto en cuanto a su gasto en Defensa respecto al PIB, con un porcentaje del 1,28, por debajo del objetivo del Ministerio para este año del 1,3 (el año pasado estuvimos en el 1,24). Hemos cumplido el otro objetivo, con el 30,3 por ciento destinado a adquisiciones principales, si bien es causa de poca algarabía, puesto que también lo alcanzaron otros 28 de los 32 miembros.
España queda una vez más en el vagón de cola, lejos de los 23 socios que llegaron al objetivo propuesto, aunque la OTAN reconoce la mejora, al pasar del 0,9 en 2019 al 1,29 en 2023. La Alianza es algo más benévola con el cálculo, al incluir partidas no computadas en la contabilidad nacional, generando una diferencia en torno a los 6.000 millones de euros.
Unilateralmente, en la Cumbre de Madrid de junio de 2022, España se concedía una prórroga por otros cinco años, con lo que el objetivo de alcanzar el famoso 2 por ciento se aplazó hasta 2029. Víctima de presiones políticas, el Gobierno decidió en marzo no presentar los presupuestos generales, algo inaudito y que se está paliando prorrogando los de 2023.
A pesar de ello, Presidencia del Gobierno y Ministerio de Defensa repiten el mantra del cumplimento del compromiso del 2 por ciento (el nuestro de 2029, no el de la OTAN), algo que requeriría incrementar el presupuesto de Defensa en torno al 15 por ciento cada ejercicio, aproximadamente 10.000 millones de euros, a todas luces difícil de conseguir.
El optimismo institucional se enhebra con la primera Estrategia Industrial de Defensa Europea, que llega un año después de la española puesta en marcha por la Secretearía de Estado. La ambición es alta, al afirmar la SEDEF que “tenemos que posicionarnos como nación líder en la inversión en programas conjuntos y en los de adquisición conjunta en la UE”.
Se busca invertir mejor y de forma más coordinada con Europa bajo 3 principios: contribuir a la Europa de la defensa, aumentar el nivel de autonomía estratégica y consolidar la base industrial y tecnológica en este campo. Cobran así relevancia los corredores industriales y el número creciente de interlocutores regionales de la industria de defensa y seguridad, que buscan, entre otras cosas, coordinar acciones, reclamar inversiones y promover la distribución regional de los programas.
Este es el principal canal para la puesta en marcha de estas políticas redistributivas, los programas principales, de los que pocas novedades hubo este ejercicio respecto a los 13 anunciados en 2023. La falta de presupuesto y de programas puede dejar en papel mojado las estrategias mejor intencionadas, cuando España sigue sin una ley de estabilidad presupuestaria que saque del debate partidista la Defensa y su asignación económica.
