Desde la finalización de la ejecución de los denominados programas especiales, apenas quedan ya los trabajos relativos al A400 y al submarino S-80 y, ante la ausencia de otros nuevos que permitan continuar con el necesario esfuerzo inversor, la industria española de defensa languidece de una forma continua. Las grandes empresas presentan grandes pérdidas en estas actividades y las PYME están desapareciendo a un ritmo de una al mes en el sector. Si no fuera por el esfuerzo en mantener el empleo, aunque sea relativamente improductivo de algunas sociedades, estaríamos en cifras de empleo directo e indirecto del 50 por ciento de las de hace diez años.
Pero la pérdida de competitividad, la ausencia de nuevos programas cooperativos, que fueron esencialmente dinamizadores de nuestro tejido tecnológico y la pérdida de empleos son sólo efectos colaterales del verdadero drama, que es el parón en el esfuerzo modernizador de nuestras Fuerzas Armadas, que si no hay un cambio sustancial y radical verán cómo se pierden más de la mitad de sus capacidades actuales a mediados de la próxima década, sin muchos de los programas de renovación de equipos que ya debían haber empezado. Por ejemplo, el reemplazo de los F-18, que constituyen el 60 por ciento de nuestra flota aérea de combate y que estarán operativos hasta finales de la próxima década.
Para disponer de un avión operativo para dicho momento ya se deberían estar considerando opciones e ir preparando un presupuesto que, si se plantea para un mínimo de 48 aviones de combate, requeriría unos 5.000 millones de euros. Las capacidades de mando y control, escuadrones de vigilancia aérea, aviones de patrulla marítima y de entrenamiento avanzado; artillería de costa, vehículos blindados, reemplazo de las fragatas Santa María, reemplazo de aviones Harrier y de la flota de helicópteros; todos estos programas ya deberían estar en sus fases preliminares y, salvo la fragata F-110 y el vehículo 8x8, que de momento se hallan en la de I+D, estamos a una distancia insalvable, si tenemos en cuenta la realidad presupuestaria.
La reducción de capacidades necesariamente va a conducirnos a unas Fuerzas Armadas en las que el personal continuará estable con unos medios que serán menos del 50 por ciento de los actuales a finales de la próxima década. Este continuo debilitamiento no debiera preocuparnos, si no fuera por el hecho de los grandes esfuerzos modernizadores que las Fuerzas Armadas de nuestros vecinos del Sur vienen realizando en los próximos años. Es muy posible que a finales de la próxima década, si no hay cambios sustanciales, nuestra superioridad regional se halla visto seriamente comprometida. Pero, a pesar de todas estas realidades, no se visualiza una seria preocupación en el estamento político que nos haga pensar que esta situación no continuará emporando.
Existe una amplia conciencia en la sociedad por la falta de didáctica de que las Fuerzas Armadas son prescindibles para España; que una Guardia Civil con porras es suficiente para garantizarnos la seguridad y la independencia. Todavía no nos hemos quitado las barreras psicológicas que nos previenen de utilizar a las Fuerzas Armadas en algo más que apagar incendios. Y cuando estas cosas ocurren, la consecuencia es el continuo deterioro presupuestario, que, salvo apenas un par de años, es endémico desde 1991; es decir, llevamos 25 años continuados de reducciones del presupuesto de Defensa. En relación al PIB, nuestro esfuerzo actual en defensa es un tercio del que era en 1991; cuando las amenazas en términos absolutos y relativos eran muy inferiores a las actuales.
Otro aspecto que se ha unido a esta falta de conciencia de la utilidad de las Fuerzas Armadas es la creencia que con Europa y con la Alianza Atlántica estamos a salvo. Estas organizaciones militares están diseñadas no para cubrir carencias de algunos países que no realizan el esfuerzo de solidaridad, sino para garantizar la seguridad global contra las grandes amenazas. Es decir, la OTAN no está para prevenir un incendio en Galicia o una acción de rescate en Afganistán; sino para evitar una conflagración nuclear o un conflicto con Rusia y para estos menesteres los términos de gasto de España se convierten en un hándicap para la efectividad de la Alianza. La posibilidad de excluir de las organizaciones multilaterales a los países que no alcancen determinados niveles de gasto está sobre la mesa, como el mejor mecanismo de asegurar una participación responsable en los esquemas de seguridad colectiva.
Las promesas de incrementar nuestro gasto en Defensa caen siempre en saco roto y sólo resucitan cuando algún atentado terrorista o evento internacional de carácter bélico sacude las conciencias, pero apenas el tiempo necesario para que se supere rápidamente. En definitiva, se continúa con la idea de que la mejor política de Defensa es la ausencia de política de Defensa; que al final se trata de tener unos uniformados y unos equipos que hagan mucho ruido, para que todos tengan la certeza de que los medios son adecuados y proporcionados a nuestros retos de seguridad. Unas Fuerzas Armadas sólo para el desfile de la Fiesta Nacional resulta ridículo.
Unas Fuerzas Armadas con unos niveles de operatividad tan bajos caen en el desánimo y debilitan su moral de combate, el pilar sobre el que deben basarse. Cuando la labor del día a día es la supervivencia y la lucha contra la inanición, la voluntad se tuerce. Cuando, además, se vislumbran tendencias derrotistas y se alumbran movimientos que van contra la esencia de su existencia, la capacidad de modernizar y de entrenarse se ve profundamente afectada. Pero, admitiendo esta realidad, al menos deberíamos ser capaces de diseñar una política de Defensa acorde con los medios presupuestarios y las capacidades. Deberemos reducir de forma muy significativa nuestras ambiciones de seguridad e implorar a la Alianza Atlántica que nos deje continuar aprovechándonos de nuestros socios, ahora que hasta Trump ya se ha olvidado de este discurso esencial en su camino exitoso a la Casa Blanca.
