En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile zanjó definitivamente el juicio que se llevaba en contra de cinco oficiales de la Armada acusados de presuntas irregularidades en la compra a Holanda de las fragatas Clase “L” y “M” y sus procesos posteriores de modernización o reparación. Los cargos incluían divulgación de información secreta a terceros relacionada con la adquisición de munición y divulgación a terceros de presuntas falencias de la Armada en la defensa de los puertos chilenos.
El juicio, iniciado en 2007, costó el ascenso a Contralmirante de uno de los involucrados y fue ampliamente comentado en los diversos medios de comunicación de Chile, habiendo servido de argumento a quienes cuestionan los procedimientos de compras militares y el rigor en el empleo de los recursos fiscales por parte de las instituciones armadas, principalmente los provenientes de la Ley del Cobre.
La acusación se basaba en la interceptación de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos entre los acusados y el representante de una empresa proveedora específica, la cual se encontraba inscrita en el Registro de Proveedores de la Armada de acuerdo a las exigencias legales de la época. En estos contactos se entregaba, supuestamente, contenido evaluado por los acusadores como “secretos militares” o información para dar a dicha empresa una posición ventajosa en una futura negociación.
La Corte Suprema falló estableciendo que los acusados habían entregado información necesaria para llevar adelante un proceso de negociación comercial y que el receptor era un ente calificado legalmente para recibirla. Respecto a las deficiencias operativas en la defensa de puertos, la Corte establece que se trató de una información entregada telefónicamente, por una persona que no formaba parte del Alto Mando, que no tenía ningún acceso a esa materia, y que lo expresado no provenía de planos, mapas, documentos o escritos secretos.
Lo más curioso de las acusaciones desestimadas por la Corte Suprema es la presunta vulneración del secreto militar respecto de la compra de material destinado a equipar la unidad chileno-argentina “Cruz del Sur” que tiene el amparo de la Naciones Unidas y cuyo proceso de conformación y equipamiento se realizó abiertamente por ambas partes. En etapas anteriores del mismo juicio, siete oficiales fueron absueltos de cargos similares, en tanto que otros dos aceptaron un “Juicio Abreviado”, procedimiento por el cual el acusado se declara culpable a cambio de penas menores, es decir, evita un juicio más largo, pero sin haberse necesariamente probado el delito. (Roberto Sandoval, corresponsal de Grupo Edefa en Chile)
Fotografía: Fragata Riveros de la Clase M.
