La Ley 13.196 o “Ley del Cobre” asegura el financiamiento de las Fuerzas Armadas en Chile. Sus antecedentes se remontan a 1938 y desde su promulgación en 1958 ha tenido carácter reservado y por lo tanto su texto íntegro era conocido sólo por aquellos involucrados en su operación: el Ministerio de Defensa, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Chilena del Cobre. En la práctica, dado el interés público del tema y el tiempo transcurrido, el texto de la ley era algo así como “un secreto a voces” y todo aquel verdaderamente interesado conocía sus aspectos fundamentales. Una ley de diciembre de 2016 ha terminado con esto, disponiendo que su texto íntegro y actualizado sea publicado en el Diario Oficial.
Lo importante es que nada cambia respecto al financiamiento de la defensa, así como tampoco respecto al uso y control de dichos fondos. En efecto, el 10% de las ventas del cobre sigue siendo destinado a equipamiento militar; los fondos se traspasarán de forma reservada y se mantendrán en cuentas secretas y los decretos supremos destinados al pago de los compromisos adquiridos estarán exentos de “toma de razón” o “refrendación”. Estos dos últimos procedimientos realizados por la Contraloría General de la República. Mediante el primero se verifica la constitucionalidad y legalidad de los decretos y el segundo otorga un visado final a todo documento que implique deuda pública.
Del mismo modo se exime al Ministerio de Hacienda de los procedimientos ordinarios que rigen la autorización de contratación de créditos. Por otra parte, la misma ley contempla que la Contraloría General de la República determine mecanismos de control de carácter reservado sobre estos recursos. Finalmente, en el año 2010 la administración de dichos fondos, originalmente a cargo del Consejo Superior de Defensa Nacional (CONSUDENA), organismo creado en 1942 e integrado mayoritariamente por militares, fue asumida por el Ministerio de Defensa.
Respecto a los aportes periódicos obtenidos por esta ley, no hay gran secreto. Cada año es publicado en la Memoria Anual de CODELCO, que está disponible en internet desde la correspondiente al año 1998. Lo que sigue siendo secreto es el uso de esos recursos en equipamiento militar y el monto acumulado a la fecha. Respecto al último es donde parece haber mayor claridad. En noviembre de 2015 el ex Ministro de Defensa Jorge Burgos declaró que el fondo de contingencia, que se forma con los excedentes del piso asegurado a las Fuerzas Armadas, alcanza “entre US$ 3.000 y 3.500 millones”. Parte de estos fondos se han usado para superar los efectos de catástrofes naturales. Una ley de 2010 permitió disponer de 300 millones de dólares ese mismo año y otra cifra igual el año 2011 para la reconstrucción posterior al terremoto de 2010. Una ley de 2014 asignó 400 millones para la recuperación de la zona del norte del país afectada por un nuevo terremoto y maremoto y la recuperación de la ciudad de Valparaíso afectada por un incendio. Un nuevo uso se está tramitando en el congreso obligado por la baja del precio internacional del cobre. Se trata de destinar un total de 950 millones de dólares para capitalizar CODELCO y, en parte, completar los aportes a las Fuerzas Armadas. (Roberto Sandoval Santana, corresponsal de Grupo Edefa en Chile)
Fotografías:
·Fragata Tipo 23.
·Unidades blindadas.
