Las Fuerzas Armadas de El Salvador forzadas, al fin, a establecer una verdadera política de defensa
Las declaraciones del ministro de Defensa, David Munguía Payés, contra la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que prohíbe a la Fuerza Armada (FAES) realizar la compra directa de armas e insumos, han resonado en El Salvador. El funcionario calificó la sentencia de “atentatoria” y añadió que le “gustaría declararse en estado de rebeldía” al considerar que el Ejército no podrá actuar de inmediato cuando en una emergencia no cuente con los recursos necesarios.
A finales del pasado mes de octubre, la Sala de lo Constitucional determinó que el Ministerio de Defensa no podrá hacer compras directas de armas, municiones, vehículos, equipo de transmisión o uniformes militares, salvo en casos de máxima urgencia y justificándolo. La Corte emitió sentencia en el Proceso de Inconstitucionalidad 67-2015, en el cual se impugnaba el literal h) del Art. 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que permitía a la institución castrense la contratación directa de manera general para todo equipo militar y sin necesidad de algún elemento excepcional. Específicamente, la Corte determinó que al no cumplirse los procesos de licitación para la compra de bienes o suministros se viola el Art. 234 inc. 1° Cn., que establece que cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles comprometiendo fondos o bienes públicos, deberán someterse a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley.
Hasta entonces, se le permitía a la institución básicamente escoger...
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