Perú está actualmente afectado por una ola de incendios típica de la temporada, que ha devastado áreas en diversas regiones del país. Estos eventos catastróficos han causado ya la pérdida de al menos 20 vidas humanas y la destrucción de vastas áreas forestales. Las llamas, alimentadas por condiciones climáticas extremas y una prolongada sequía, están poniendo a prueba las capacidades de respuesta de las autoridades locales. Las Fuerzas Armadas han sido movilizadas para enfrentar esta emergencia, trabajando incansablemente para contener los incendios y proteger a las comunidades afectadas. Sin embargo, los operativos se enfrentan a desafíos significativos, debido a la crónica falta de medios y equipos adecuados.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha lanzado una alerta sobre la grave situación, destacando la urgente necesidad de fortalecer los medios aéreos para combatir los incendios. Actualmente, solo están disponibles 2 aviones Leonardo C-27J Spartan equipados con sistemas de extinción Guardian -mientras que otros 2 están comprometidos en operaciones institucionales de las Fuerzas Armadas-, junto con un helicóptero MI-17, equipado con el sistema Bambi para la toma y liberación de agua.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha declarado que la situación es crítica y requiere un compromiso inmediato a nivel nacional e internacional, mientras que en medios militares aseguran que la falta de medios aéreos limita gravemente sus capacidades de intervención y pone en riesgo la vida de muchas personas. La alerta se vuelve aún más seria considerando que los helicópteros de fabricación rusa MI-17, fundamentales para las operaciones contra incendios, pueden quedar fuera de servicio debido a las sanciones internacionales que pesan sobre la nación que los produce y que complican el aprovisionamiento de repuestos.
La población local está gravemente afectada por la tragedia y se espera una intervención urgente del Gobierno para no reproducir el mismo escenario el próximo año. Muchos habitantes han perdido sus hogares y medios de subsistencia, encontrándose aún más en una situación de extrema vulnerabilidad, agravando la economía de las regiones afectadas e incrementando la necesidad de apoyo económico a nivel central. Mientras tanto, el cambio climático está amplificando los efectos de los incendios forestales, haciéndolos más frecuentes e intensos.
Es urgente adoptar medidas a largo plazo para prevenir y gestionar estos eventos extremos, protegiendo el medio ambiente y las comunidades, así como el patrimonio del país, interviniendo con rapidez para minimizar las pérdidas. El 18 de septiembre, la presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en tres regiones gravemente afectadas: Amazonas, Ucayali y San Martín. El ministro de Defensa anunció la intención de adquirir aviones y helicópteros contra incendios en 2025.
Sin embargo, es fundamental considerar la realidad: ningún constructor podrá proporcionar helicópteros o medios tecnológicos avanzados en poco tiempo. Se necesitará, al menos, un año desde que se formule el pedido y, por lo tanto, en 2025, en este mismo período, con las mismas probabilidades de incendio en las áreas rurales y durante la campaña electoral, los gobernantes tendrán que justificar por qué, a pesar de la conciencia del riesgo, no se tomaron medidas inmediatas en 2024 para salvaguardar las áreas ya vulnerables. La inclusión social también pasa por la protección del medio ambiente, los recursos, las personas y sus bienes.
La eficacia de las Fuerzas Armadas peruanas es conocida a nivel internacional, como lo demuestra el reconocimiento recibido por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por la seguridad de los vuelos, otorgado por el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA). El apoyo tecnológico y formativo solicitado por países como Ecuador, Chile, Uruguay y Bolivia destaca el alto nivel alcanzado por Perú. Es hora de pensar estratégicamente en un sistema más robusto de medios y estrategias de desarrollo, evitando comprar solo lo mínimo indispensable para silenciar las críticas.
Las Fuerzas Armadas no solo deben defender el territorio de invasiones enemigas improbables en esta parte del mundo, sino también enfrentar y derrotar amenazas derivadas de eventos naturales, que conllevan costos económicos y daños con valores muy superiores al valor de los equipos si no se abordan de inmediato. Además, no podemos olvidar que las áreas arqueológicas y de interés histórico, como el Pueblos de los Muertos, han sufrido daños irreparables debido a los incendios, lo que impacta negativamente en la imagen de Perú y en el turismo, un sector en rápido crecimiento que debe ser protegido.
Sin polémicas estériles, es tiempo de utilizar los recursos humanos profesionales del país para garantizar el bienestar de las personas. La protección de las vidas debe ser la prioridad. Es necesario implementar sistemas de vigilancia e intervención. La iniciativa Salvamos vidas ha sido un excelente ejemplo de colaboración entre los ministerios de Defensa y de Salud, que ha permitido atender a personas con dificultades de salud en lugares remotos. La FAP ha operado con técnicas de guerra para acceder a sitios difíciles y llevar a áreas médicas a personas frágiles, que de otro modo no podrían haber sido atendidas, un ejemplo admirable a nivel mundial.
Dotar a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos armados del Estado de los recursos necesarios para las operaciones de protección civil es un deber fundamental. Por mera lógica, podemos decir que se debe entender que las inversiones en estos instrumentos útiles para las operaciones de rescate y vigilancia de los recursos del país son irrisorias en comparación con los beneficios y, aún más, en comparación con las potenciales consecuencias negativas para la vida de los peruanos y para los recursos naturales e históricos del país. (Andrés Salazar)
Fotografía: SERNANP.
