(defensa.com) Debido al virtual bloqueo del diálogo entre gobierno y oposición en lo que hace a la actual Rendición de Cuentas, se considera bastante probable que, pese al advertido carácter dudosamente constitucional finalmente se cree a costa de la Armada Nacional y la Administración Nacional de Puertos, el polémico Instituto Naval del Estado. Mientras, desde el gobierno se evalúa fuertemente el designar a un ex jerarca naval al frente del mismo, para minimizar las resistencias internas. Por su parte, la Fuerza estaría abocada- de producirse estos cambios- a excluir de los mismos a las máximas unidades productivas que le sean posibles, especialmente el Astillero Dique Mauá (ubicado en la costa céntrica montevideana), así como los sectores que tienen que ver con mantenimiento y reparaciones del actual Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA) en sus instalaciones del Cerro de Montevideo, para asegurar no solo un moderado e interesante flujo de dinero y actualización técnica a la organización, sino el cumplimiento del cometido original de esta dependencia, que es la de poner a punto e inspeccionar la flota de la Armada y el Estado.
Algunas autoridades nacionales, a su vez, pensarían en distinguir con nuevos destinos o misiones a quienes actualmente encabezan el SCRA, en una suerte de tentativa de solución salomónica al problema, que fuentes bien informadas incluso atribuyen en parte al senador y ex ministro de Defensa Luis Rosadilla.
Además de gran parte de la interna naval, observan este fenómeno con desconfianza la mayoría de los operadores y astilleros privados, no solo de cara a posibles futuros dumpings estatales y al apoyo de la central sindical PIT/CNT al nuevo emprendimiento, sino a particulares actualmente en contacto con alguno de estos sectores para llevar a cabo iniciativas mixtas. Esto cobra especial importancia, en momentos en los cuales el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, advirtiera a las empresas privadas, que, de manifestar su oposición al gobierno podrían perder privilegios fiscales o crediticios. (Javier Bonilla)