Uruguay se perfila como lugar óptimo para el crecimiento de actividades ilegales debido a la casi nula capacidad de control en gran parte de su soberanía nacional. Contando con más de 176.000 km2. de superficie, el Estado uruguayo pareciera no querer observar que existe una tercera dimensión que se eleva sobre esa superficie y permite que la Fuerza Aérea sólo cuente con un puñado escaso de aeronaves totalmente obsoletas para cumplir a duras penas con las responsabilidades que tiene asignadas por Ley.
Con la idea implantada de no tener hipótesis de conflictos armados, ya que es un Estado pacífico, se ha creado una falsa idea de seguridad que hace propicia a las autoridades una toma de decisión política de no dotar a la Fuerza Aérea de los medios de comabate necesarios para cumplir con lo que esa Ley le ordena; desconociendo a su vez las responsabilidades que el Estado tiene a través de esa Institución como Policía Aérea y derivadas de los compromisos asumidos internacionalmente como estado miembro de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional; así como lo legislado en el actual período de Gobierno sobre las normas de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo Nacional.
Esa falsa sensación de seguridad ha redundado en una disminución del material que ha sido constante desde hace más de tres décadas, en donde las necesidades de la Fuerza Aérea de Uruguay en lo relacionado a su capacidad de combate no han sido tenidas en cuenta, pese a haber sido planteadas enfáticamente por varios jerarcas, alcanzando actualmente un nivel crítico e histórico. Esta situación afecta seriamente a las misiones fundamentales de la FAU (Fuerza Aérea Uruguaya), como lo son las capacidades de control y de defensa del espacio aéreo nacional.
Habiendo contado en su dotación en la década de los noventa con más de una veintena aeronaves de bajas prestaciones, pero suficientes para las necesidades de Uruguay, de los tipos Lockheed T-33, Cessna A-37 y FMA (Fábrica Militar de Aviones) -hoy FAdeA (Fabrica Argentina de Aviones) IA-58 asignadas a 2 escuadrones de combate, esos aparatos se fueron degradando, primero dando de baja los reactores T-33 -más un entrenador que un aparato de combate propiamente dicho- en el año 1995, con la convicción que serían reemplazados, algo que nunca ocurrió; y luego en 2017 con la desafectación de los biturbohélices IA-58 Pucará, con lo cual quedó sin material de vuelo el Escuadrón Aéreo Nº 1 (Ataque).
Con respecto a los birreactores de origen estadounidense -como los T-33- A-37B, material asignado al Escuadrón Aéreo Nº 2 (Caza), en su recuento histórico se registran 19 unidades, las cuales nunca estuvieron en conjunto operativas, ya que llegaron en diferentes períodos de tiempo desde el año 1976. Algunas de esas incorporaciones surgieron por programación y otras por haber sido accidentadas; siendo las ultimas las de 3 dadas de baja y preservadas procedentes de Ecuador, en el año 2014.
Sin haber sufrido modificaciones salvo la modernización de sus asientos eyectables, motivado por falta de abastecimiento ya que se hacía casi imposible adquirir componentes de los antiguos sistemas, los A-37 siguen en servicio en escasísimo número con cabinas de pilotaje con instrumentos analógicos y sin ayudas electrónicas que aumenten sus capacidades. Los inconvenientes logisticos para mantener la flota de A-37B son extremadamente complejos y costosos. Tanto es así, que fuerzas aéreas como las de Chile, Ecuador, Colombia y Perú están desprogramando o ya han dado de baja sus ultimas unidades; quedando como únicos operadores y con pocos aviones la Fuerza Aérea de El Salvador y la de Uruguay.
Estos inconvenientes en el sostenimiento se ven reflejado en no haber podido participar en el último Ejercicio Multinacional Combinado Salitre IV 2022 en Chile por falta de medios, pese haberse comprometido la asistencia de 3 ejemplares; pero, según fuentes extraoficiales, no se lograba a disponer de 2. Esta situación realmente límite implica que se está a punto de perder el último eslabón de una unidad táctica de combate, ya que se liquidaría la capacidad de transmisión de conocimiento entre tripulaciones y, con ello, la experiencia en misiones de elevada complejidad y responsabilidad.
Como forma de mitigar esta extrema situación, la FAU se apoya en las aeonaves turbohélices Pilatus PC-7U de origen suizo, que cuentan con capacidades de combate muy restringidas y forman parte de la dotación del Escuadrón de Vuelo Avanzado, el cual tiene la responsabilidad principal de estandarizar a las tripulaciones de la Fuerza Aérea una vez egresadas de la Escuela Militar de Aeronáutica, a través del Curso de Vuelo Avanzado. Estando planteada la necesidad urgente de reemplazo de los veteranos A-37B, la FAU procura desde hace años la adquisición de un sistema que disponga de radar a bordo o capacidad de recibir datos de esos sensores, de velocidad transónica, con tecnología moderna, biplaza, con capacidad para portar armamento y de autodefensa; que cuente con un soporte logístico de por lo menos por tres décadas.
Se han recibido ofertas desde varias partes del globo y destacan las propuestas de las aeronaves de combate como el Leonardo M-346FA, que hay un consenso en afirmar que es el más idóneo; el KAI F-50 de Corea del Sur, el Hongdu L-15 chino y el Yakovlev Yak-130 ruso. Este último posiblemente debe ser desestimado por las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania. Hay también propuestas del Aerovodochody L-39NG checo y de una docena de aeronaves BAE Systems Hawk MK67 de segunda mano, las cuales deberían someterse a los criterios establecidos en cuanto a modernización y continuidad logística.
Mientras la toma de desision política se demora por diferentes causas, relegando continuamente los requerimietnos de defensa, sin querer pensar en posibles hipótesis de conflictos armados y sin intención de colaborar con la región con medios de combate apropiados para brindar garantías de un espacio aéreo seguro a las operaciones aéreas, tanto nacionales como internacionales; se genera un terreno fértil para el crecimiento desmedido de actividades aéreas ilícitas, muchas de ellas vinculadas al flagelo internacional del narcotráfico, propiciado por la casi nula capacidad de ejercer la soberanía mediante el control, fiscalización y eventual coerción en el espacio aéreo de Uruguay.
Caben varias preguntas: ¿El espacio aéreo uruguayo converge hacia la ausencia del Estado en su capacidad de ejercer efectivamente su soberanía?; ¿se estará pensando en delegar esa soberanía a algún país vecino y que se haga cargo de la custodia de ese espacio aéreo?; ¿se dejará, como está, propiciando así una suerte de anarquía en el espacio aéreo de Uruguay, que es jurisdicción de la FAU?; ¿tiene sentido tener una Fuerza Aérea sin capacidad de combate? Los políticos tiene en su mano dar respuestas y asumir responsabilidades en un asunto de tanta relevancia. (Eva Cervera)
