Los 13 radares de uso militar y civil adquiridos por Bolivia en agosto de 2016 a la francesa Thales Air Systems por 191.074.809 euros no están en operación y no se sabe cuándo podrán empezar a trabajar.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, espera que a fines de año ya se cuente con el sistema completo, según sus palabras: “Nuestro contrato está vigente, estamos en este momento en conversaciones. Esperemos que muy pronto podamos dar la fecha de inicio, una vez que nos pongamos de acuerdo, porque hay condiciones tanto de la empresa que debe cumplir para este procedimiento, como también de nuestra parte existen observaciones”.
Según Novillo: “El proyecto debía concluir en dos años, es decir, 2018, pero el plazo se extendió hasta 2019, sin embargo, todos sabemos el suceso mundial que ha ocurrido con la pandemia y lamentablemente esto ha interrumpido, los franceses incluso han tenido que irse de emergencia a su país”.
No obstante, la pandemia llegó en 2020 y no en 2019, como indicó el ministro, y aquel año Evo Morales renunció a la presidencia en noviembre y dejó el país. El Gobierno de Jeanine Áñez no hizo ninguna gestión porque la pandemia aisló a Europa en enero de 2020. Por tanto, han transcurrido seis años desde la firma del contrato y el desembolso de los recursos suficientes y el proyecto no está concluido.
“Esperemos que sea mucho antes de fin de año. El porcentaje de avance es del más del 90 por ciento” dijo esperanzado el ministro que es el tercero de esa cartera que debe lidiar con este escabroso tema. El contrato se firmó cuando estaba en el cargo Reymi Ferreira, al cual sucedió Javier Zavaleta y ahora Novillo (Luis Fernando López, estuvo en el cargo 11 meses, pero nunca se refirió al tema).
Una vez que se concluya el montaje y con la puesta en marcha de los radares, el Ministerio de Defensa, el de Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas elaborarán un protocolo de trabajo para la lucha contra el narcotráfico, dijo el ministro, al referirse a los cuestionamientos de los opositores.
“Las respuestas que se dieron cuando nos han hecho las consultas (la diputada Luciana Campero) son de parte de la Fuerza Aérea Boliviana, que hizo notar que ellos tienen por Constitución el control de la soberanía estatal. Ahora bien, ¿cómo se va pasar la información?; ¿cómo se va a coordinar esta información?; ¿cómo se va a entregar la información para que se puedan interceptar estos vuelos sospechosos?, esa es la parte que vamos a trabajar en un convenio”, explicó Novillo.
