Con un largo historial de servicios prestados a diversas administraciones de izquierda, Capella llegó a ser jefe de la asesoría especial de la Casa Civil de Antonio Palocci, al inicio del primer gobierno de Dilma. Abandonó el cargo tras la caída del exministro, posteriormente procesado. También actuó en la primera campaña presidencial de la expresidenta Dilma Rousseff, habiendo sido también investigado también en el ámbito de la operación Lavajato bajo sospechas de sobornos de medio millón de dólares.
Uno de los abogados que firman la petición es Alberto dos Santos Moreira, socio de Capella en RIG Capital, Relaciones Institucionales y Gubernamentales, una firma de cabildeo.
Al acceder a la solicitud, el juez de turno Wilson Alves de Souza también aceptó el argumento de que no hubo emergencia en la adquisición de vehículos blindados, considerando la "medida irrisoria" por representar la renovación de menos del 5% de la flota en tiempos de paz, ignorando la especificidad del vehículo.
Intentando impedir la continuidad de la gestión del actual gobierno, dirigentes del Partido de los Trabajadores han presentado algunos recursos administrativos o jurídicos desde hace un mes, siendo el primero éste, en el área de la Defensa, el cual será recurrido de inmediato por el Ejército brasileño, inclusive por cierto aire de parcialidad del magistrado , quien encontró “mérito social” en la demanda. Poco antes, la actual presidente del Partido, la también ex procesada Gleisi Hoffmann se había pronunciado contra la adquisición. (Javier Bonilla)
