Desglose de los 109 millones de dólares para Defensa y Policía como parte del Control Territorial en El Salvador-noticia defensa.com

Entre una de las acciones tomadas por la nueva Asamblea Legislativa (AL) salvadoreña está la aprobación de $109 millones destinados a la Fase III del Plan de Control Territorial, destinando $50 millones para equipos de la Fuerza Armada (FAES) y $59 millones de la Policía Nacional Civil. Esta propuesta, que había estado detenida desde el 9 de marzo de 2020, autoriza a la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar el “Programa de Modernización de las Instituciones de Seguridad Ciudadana en el Marco del Financiamiento del Plan de Control Territorial en su Fase III (PMISC)”.

Según la iniciativa, que fue presentada a la comisión el 6 de noviembre de 2019, la distribución de los fondos deberá destinarse de la siguiente manera:

·$3,3 millones serían utilizados para capacitaciones, escalamientos e imprevistos, además del pago de comisión al BCIE, administración, supervisión, auditoría y gastos imprevistos.

·Se programaban $15,5 millones en equipo, infraestructura y mobiliario médico, a incluir 25 ambulancias equipadas, el mejoramiento de 24 clínicas, equipamiento y mobiliario. Se suman 18 unidades de transporte, 18 equipos automatizados de laboratorio, insumos médicos y 4 equipos de rayos X y ultrasonografía. La FAES seria dotada de un equipo médico de cirugía, un equipo de resonancia magnética nuclear, una ambulancia con equipo médico, además de máquinas de anestesia y equipo de radiología.

·$17,4 millones van para equipamiento táctico-operativo

·$25,9 millones para instalar 4.075 cámaras de video vigilancia equipadas con análisis y reconocimiento facial, en los 22 municipios que abarcan el actual plan.

·$46.9 millones para equipos de movilidad táctica, a incluir $27.699.862.50 para la FAES y $19.200.137.50 para la policía.

De los 113 drones con tecnología de recolección de datos biométricos que se pretendían adquirir por 400 mil dólares en total, solo 28 eran para la FAES, y de esos 22 serían drones tácticos. Uno de esos drones sería un dispositivo de vigilancia, búsqueda y rescate con funciones navales y terrestres, valorado en $1.6 millones y otro dispositivo, un VANT, tendría un precio de un millón de dólares. La Policía buscaba 89 UAV con una autonomía de 30 minutos y velocidades de 72 kilómetros/hora. Así también se buscaba establecer 13 centros de monitoreo para la Policía y uno para el Ejército.

Las cámaras serán desplegadas de acuerdo al nivel de incidencia delincuencial, de la siguiente manera: Apopa, 133; Ciudad Delgado, 156; Colon, 171; Ilopango, 181; Mejicanos, 158; San Marcos, 181; San Martín, 151; San Salvador, 1110; Soyapango, 183; Ahuachapán, 150; Chalatenango, 140; Cojutepeque, 90; La Unión, 140; Gotera, 80; San Miguel 195; San Vicente, 80; Santa Ana 129; Sensuntepeque, 80; Sonsonate, 207; Usulután, 145; Zacatecoluca, 145. Todo complementado con un nuevo sistema de analítica de reconocimiento facial, y la instalación de 750 kilómetros de fibra óptica.

La FAES pretendía gastar $4.923.975 en equipos, a incluirse 2.985 chalecos de protección balística, por $1.402.950; 200 chalecos de protección balística ”quick release”, por $159.275; 3185 cascos de protección balística por $1.258.075; 50 lentes de visión nocturna y montante por $499,999,50; 100 navegadores GPS por $75.952; Insumos para confección de uniformes militares, por $500.000; 5 radios Harris M, $183.060; 5 Harris H, por $171.195; 10 modelos Harris M-HH por $122.600; 4 base/radio Harris M, por $35.108 y 100 radios “troncalizados” por $515.760.

La Policía pedía 666 radios portátiles ($999.000), 700 accesorios para radio ($175.000), 23 mil uniformes ($3.450.000), 2 trajes antiexplosivos ($80.025), 10 bloqueadores de señales portátiles ($90.000), 100 lámparas tácticas ($17.600), 30 escudos balísticos nivel III ($36.000), 320 cascos balísticos ($126.400), 472 GPS ($358.493), 10.000 botas ($1.500.000), y 6808 chalecos ($4.765.600).

Los $46.9 millones de movilidad consisten de $27.699.862,50 para Defensa, con $799.000 a ser invertidos en 10 camiones de 10 toneladas, $227.700 en 9 picops de doble cabina para equipar el Comando Sumpul, $113.000 para dos microbuses; $543.900 para 4 autobuses, $140.000 para una grúa de arrastre, $1.710.000 para 9 vehículos de movilidad todo terreno, $12.705.262,50 para un Bell 412EPI y $13 millones para un patrullero oceánico (OPV), probablemente un Damen FCS-5009 Security, o sea la variante DSCT (Damen Shipyard Cape Town) modificado propiamente, y que puede llevar una plataforma para recibir un helicóptero ligero como el Bell 429. Apuntamos que el Damen Spa-6211 proporciona 62 metros en lugar de los 50 metros del Spa-5009, lo que podría acomodar un helicóptero Bell 412. El resto de los $19.200.137,50 eran para la policía, que pedía $7.657.075,63 para un Bell 429; $5 millones para la renovación del UH-1H policial a Huey-II, y $5 millones para 166 patrullas picop 4x4 de doble cabina.

Para marzo del 2020 el préstamo había recibido algunas modificaciones, pues el BCIE había rechazado la adquisición de la PNC del Bell 429 porque la institución policial carecía de las instalaciones necesarias para garantizar el mantenimiento de la nave. A ello que la Fuerza Aérea (FAS) pedía que el Bell 429 les fuese asignado pues el BCEI había aprobado la adquisición del Bell 412. En esas fechas también diputados de la AL apuntaban a que había sobreprecios en algunos de los instrumentos solicitados. Entre otras cosas, el diputado Rodrigo Ávila de la partida de ARENA argumentaba correctamente que la policía estaba pidiendo $5 millones para repotenciar su único helicóptero UH-1H (a Huey-II) cuando en realidad dicha reparación cuesta $1,5 millones.

Es de interés que en esas fechas fuese ministro de Seguridad Pública Rogelio Rivas, a quien hoy los EE. UU acusa de corrupción por otorgar irregularmente varios contratos gubernamentales, a incluirse el sobreprecio de los mismos. Entre las propuestas interesantes adelantadas para resolver el sobreprecio en ese entonces por la AL era la de combinar los $7.657.075 destinados al Bell 429, y agregarle los $5 millones del UH-1H, y hacer un ajuste, para la adquisición de otro Bell 412 para la FAS. Aun el mismo presidente del partido ARENA de ese entonces, Gustavo López Davidson, ofreció como opinión que el Bell 412 presidencial se podía sumar a esa flotilla. Todo esto podría dar por 6 Bell 412, facilitando dos para su conversión a ambulancia aérea. Otra alternativa sería la de ajustar el asunto para cubrir dos Bell 429 modificados para su uso desde el OPV, y operando desde la pista de El Jaqüey en La Union.

Los diputados del 2020 también alegaban que en lugar del OPV se adquirieran 4 lanchas interceptoras por $1,6 millones cada una. El OPV se necesita para patrullar las 200 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva – es decir 88.000 km² de aguas territoriales – cosa que no se puede realizar con lanchas, por muy rápidas que fuesen. Los fondos tampoco son, como han reportado otros medios, para financiar el guardacostas/NCPV Desafiante 85, de 26 metros, que ya se recibió. Los fondos de ese PM-15 de $1,8 millones fueron erogados en el 2017, con la US Navy asumiendo $4,2 millones. Es de interés que El Salvador seria de los pocos en pagar esa prima, mientras que para otros los EE. UU asumirían el coste total de $6 millones por nave. Generalmente, un patrullero guardacostas mide entre los 13 metros y los 39 metros, mientras que un patrullero oceánico mide entre los 40 y 80 metros, y el requerimiento optimo salvadoreño es de tener una flotilla de tres NCPV junto con tres OPV. (Julio Montes)

Fotografía: FAES 253 ya recuperado (J. Montes)