La Dirección General del Territorio Marítimo acaba de llamar a licitación pública para contratar un servicio de asesoría técnica y administrativa en apoyo y control de gestión para el Proyecto “Gaviota”, el cual tiene como propósito adquirir cinco helicópteros para reemplazar los actuales UH-57B "Jet Ranger". El plazo de esta prestación de servicios es de 10 meses y está valorado en 12.000 dólares. Tanto las cifras involucradas como las tareas a desarrollar son en términos globales menores, más allá del propósito de lograr la máxima eficiencia en el desarrollo del proyecto.
En efecto, la compra de estos cinco helicópteros debería rondar los US$ 20 millones, lo cual implica que este contrato representa un 0,06% de ese total. Es decir no se está contratando toda una empresa u oficina dedicada a la administración de proyectos sino sólo un apoyo en tareas principalmente administrativas, pero que para ser llevadas a cabo en forma eficiente y oportuna se requiere un conocimiento acabado de la organización, de su gente y de sus procedimientos. No son tareas que admitan un período de inducción o procesos de capacitación especial. Los resultados se deben ver desde el primer día.
Los fondos de este proyecto provienen de la Ley de Navegación y no de la Ley del Cobre, por lo tanto no están sometidos a las normas de secreto de estas últimas. Eso permite hacer este tipo de licitaciones públicas que no podrían ser tan detallados en caso de proyectos caratulados como secretos. Lo que entonces debe llamar la atención de esta licitación es que muestra, aunque sea en pequeña escala, la necesidad real que tiene la Armada de volver a contratar a personal, Oficiales o Gente de Mar, que ha licenciado del servicio, pero cuyas capacidades son aún importantes y necesarias.
Efectivamente, de la lectura de los requisitos y las tareas a desarrollar por quien se adjudique la licitación se desprende que lo más probable es que sólo oficiales o gente de mar en retiro cumplan con el perfil requerido. No se trata acá de abordar la necesidad de modificar la carrera, cambiar los incentivos o un largo etcétera, sino de plantear una realidad: hay capacidades que sólo pueden ser provistas por quienes conocen desde adentro el problema, pero que la estructura de la carrera no permite o no incentiva que la realizan aquellos que están en servicio activo.
Cabe preguntarse cuanto más necesaria es la permanencia de estas mismas personas en proyecto de bastante más impacto como la renovación o sostenimiento de unidades de combate o de los complejos sistemas de armas. La naturaleza misma de las tareas y medios de las Fuerzas Armadas y ley vigente impone mucha reserva en estos temas, más aún cuando se trata de recursos provenientes de la Ley del Cobre, lo que impide al público general conocer con más detalle las razones por las cuales no sólo la Armada sino también el Ejército y la Fuerza Aérea contratan personal retirado en diversos puestos. (Roberto Sandoval Santana, corresponsal de Grupo Edefa en Chile)
