El Ejército de Chile ha emitido un comunicado aclarando todos los puntos de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Aysén en relación con el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) en la Institución y que implicaría la formalización de 800 militares activos y retirados debido a un presunto fraude al fisco por un monto cercano a los $3 mil millones. Esto, tras el cierre del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).
El comunicado oficial informa que:
1. Este fondo existió desde la década de los 50’ en la Región de Aysén, el que estaba conformado mayoritariamente por Suboficiales de la Institución, siendo una iniciativa de carácter privada para generar ayudas solidarias entre el personal. Este fondo funcionó ininterrumpidamente hasta que se declara su insolvencia, por lo que el mando en jefe de la época determinó el 2008 efectuar una serie de medidas administrativas tendientes a apoyar a los Suboficiales afectados, las que duraron hasta el 2016.
2. La investigación judicial por esta causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2017 por el Ejército de Chile ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la
República que da cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016, por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División de Ejército.
3. De forma paralela, y respondiendo al firme compromiso del Ejército con la probidad y transparencia, la Institución instruyó dos investigaciones sumarias administrativas, las que actualmente se encuentran en su etapa final y tienen por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan.
4. Asimismo, se han entregado todos los antecedentes y prestado la colaboración a la realización de las diligencias que ha llevado a cabo la Fiscalía en la investigación de las situaciones producidas entre el 2008 y el 2016. Así también, le corresponderá a las distintas autoridades durante ese periodo que tuvieron injerencia en la implementación de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador.
5. A la fecha existe personal activo de oficiales y suboficiales que presentan la calidad de imputados en la investigación. Sin embargo, ello no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución
judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan. Cabe recordar que, en nuestro Estado de Derecho, son los tribunales los llamados a resolver sobre las pretensiones y acusaciones de la Fiscalía y las defensas presentadas por los imputados, según el mérito de las pruebas aportadas. Ante una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso.
6. Es pertinente reiterar que el Ejército de Chile no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos, no obstante, es importante tener presente que en una investigación tan amplia como la que se ha
conocido en estos días, cada situación particular es diferente a las demás, esperando que se distinga en el transcurso de la investigación entre aquellos supuestos en que los servicios contratados y las comisiones de
servicio fueron efectivamente prestadas y realizadas, de aquellas apartadas de la legalidad.
7. El Ejército de Chile consciente de lo que ha debido enfrentar en materias de probidad en los últimos años, ha implementado un Sistema de Prevención de Delitos durante el 2019 que va más allá de la colaboración con
los órganos judiciales y el acatamiento de las resoluciones de sus tribunales. Esto ha implicado la capacitación a sus integrantes de todos los grados, entregando material instructivo y realizando inspecciones preventivas a
cargo de su Contraloría Interna.
Declaraciones del General Izurieta
A su vez, El Mercurio, indicó que según la investigación del Ministerio Público, el reintegro del dinero de los suboficiales se habría terminado haciendo con fondos del Ejército, a través de distintos mecanismos, como pago por servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios y viajes, entre otros.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, está indagando un eventual fraude al fisco de 2008 a 2016, período en el que estuvieron como comandantes en jefe del Ejército Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
Fue en este contexto que prestó declaración en calidad de imputado el ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer, quien debió relatar cómo se enteró de que el fondo estaba quebrado y las medidas que debió adoptar.
“El general (Santelices) me informó que el fondo ya estaba quebrado y que ese tema iba a traer serios problemas', dice Izurieta en su declaración, a la que accedió el diario El Mercurio, y aseguró que en 2005 ya existía un informe de la contraloría del Ejército. Esta instancia concluyó 'que los fondos no podían seguir siendo almacenados en una cuenta del Ejército, que no se podía utilizar la estructura financiera para hacer los descuentos al personal”.
Consultado sobre quién autorizó el uso de cuentas del Ejército para reunir dineros del FAM, el general retirado indicó que: “Me señalaron que esto venía del año 1950. Desconozco cómo se administraba 40 años atrás el sistema, y quién puede haberlo autorizado”.
Izurieta contó además que se mandó a un equipo de la Dirección de Finanzas, a cargo de Cristián Le Dantec y viabilidad del fondo: “A fin de año señalaron que estaba quebrado, por lo que el general Santelices se lo comunica a la directiva del FAM (...) y se consultó el procedimiento formal para cerrar la cuenta”.
Cuando se le informó a la directiva del FAM, según su versión, “se cerró la cuenta y cada uno recibió un dinero muy lejano a las expectativas, recibieron cerca de dos mil pesos y las expectativas era $8 millones, para la gente con más años como aportante en los fondos. En ese tiempo, ya había lista de espera de personas que no habían recibido recursos. Esto produjo un malestar de las personas y familias, sentimientos de frustración y rabia”.
Izurieta relató que ordenó una serie de medidas: “autorizar la permanencia de servicio, hasta tres años; la segunda era que si tenían que ser destinados no se destinaran, y se quedaran hasta tres meses más; la tercera, era haciendo uso de lo que autoriza el DFL1 en el artículo 126, que era extender el cese del sueldo, donde se autoriza hasta 6 meses; y la prioridad para participar en postulaciones de Operaciones de Paz, que eran en Haití, Bosnia y Chipre, siempre que se cumplan con los requisitos”.
“Estas cuatro estaban como medida excepcional, ya que solo estaban destinadas al personal de la IV División”. Reconoció además otras medidas: “Cursos, gratificaciones, comisiones de servicios nacionales, comisiones de servicio para perfeccionamiento, contrataciones normales que se hacen al personal en retiro del Ejército. En todas las categorías hay el que se hacen contratos en el Ejército, todo dentro de la legalidad y reglamentación, y que no se afectara la operacionalidad de la división”.
“Las medidas que yo implementé eran para mi período de mando”, dice, y también se autorizaron cursos en el Inacap de electricistas e hidráulicos”.
Se le preguntó también por cómo operó el cese de sueldo y respondió que le podía otorgar “a todas las personas que tienen derecho a pedir su retiro, es decir, que tienen 30 o más años de servicio (...) lo otorga la Dirección de Personal a través de una resolución donde se fija anualmente en función de los recursos”.
En el interrogatorio se le consultó en varias oportunidades por el plan de Cultura y Clima Organizacional, el que desconocía. Izurieta dice que nunca se le informó de irregularidades. (Pamela Squella)
