Este convenio es resultado de las medidas sugeridas por la comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que pretende reorganizar los medios materiales y personales con que cuenta la Administración General del Estado.
De esta manera, los aviones volverán a ser operados por personal del Ejército de Tierra, que realizará además el mantenimiento y asegurará las condiciones de operatividad de los aparatos. El interés por volver a entregar al Ejército del Aire la gestión de estos aviones ya fue conocida en marzo de este año.
La firma del convenio ha contado con la presencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general Francisco Javier García Arnaiz y el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez Menéndez.
Este convenio pone fin a un controvertido programa que comenzó el 1 de octubre de 2010 cuando la Agencia Tributaria adjudicó el servicio de vigilancia aduanera a la unión de empresas formada por Inaer y Airbus Military. El contrato estaba valorado en 5,5 millones de euros y se prolongó por cuatro años, aunque el período inicial estaba fijado en dos años.
En su momento esta decisión fue muy criticada por considerar que una empresa privada accedería a información sensible. Posteriormente se comprobó que los costes de operación de los aviones se elevaron y no se cumplieron los requisitos establecidos en el contrato relativos a la disponibilidad de las aeronaves. El coste por hora de vuelo alcanzó los 2.120 euros mientras que cuando los aviones eran operados por el Ala 37 del Ejército del Aire esta cifra se situaba en 1.095,25 euros.
La no disponibilidad de aviones se debió en gran medida a la necesidad de cambiar la matrícula militar de los aviones a una civil, algo que dejó parados dos aviones durante dos años. Además en ese período de tiempo uno de los aviones fue canibalizado para usar sus piezas como repuesto. Esto explicaría que de los seis aviones cuya gestión fue entregada a las empresas, ahora mismo el Ejército del Aire solo pueda operar cuatro unidades.
Ya en 2004 la Agencia Tributaria intentó privatizar el servicio de vigilancia aduanera otorgándolo a la empresa Gestair pero la decisión fue rechazada por el Tribunal Supremo. (J.N.G.)
