El Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno negando que deba indemnizar con los 40 millones de euros reclamados a la empresa aragonesa Instalaza por haberle prohibido en 2008 fabricar las bombas MAT-120. El Supremo estima que la industria de defensa a la que pertenece Instalaza está sometida “a un régimen que puede cambiar”, pero que este cambio “no pudo sorprender” a Instalaza, sobre todo después del acuerdo de Dublín respecto a este tipo de armamento.
En mayo de 2008 el gobierno español se adhirió a la Wellington Declaration on Cluster Munition de Dublín, que suponía que se dejaban de fabricar en España bombas “de racimo” (comúnmente denominadas clúster en el ámbito militar) y en junio de aquel año se retiró la licencia de exportación. El año siguiente el Gobierno aprobó una moratoria sobre el uso, producción almacenamiento o transferencia de este tipo de municiones y se ordenó destruir los stocks que hubiera de ellas en las Fuerzas Armadas españolas, salvo unos remanentes para formación en desactivación.
Por entonces Instalaza comercializaba la granada de mortero MAT-120, un proyectil para mortero de 120 mm. que disponía de 21 submuniciones de 37 mm. con capacidad anticarro y antipersonal. Sin embargo Instalaza había desarrollado esta munición con varias tecnologías que permitían que fuera empleada de manera segura. Instalaza precisaba que la MAT-120 disponía de capacidad de “autodestrucción” y “autoesterilización” de tal manera que eran inertes en tierra. Además los proyectiles no disponían de energía eléctrica almacenada que pudiera provocar detonación ya que la granada portadora disponía en su sección frontal de un generador eléctrico de pequeño tamaño con el que se cargaban condensadores.
Tras la prohibición, Instalaza solicitó al Gobierno una indemnización por las pérdidas, valorada en 40 millones de euros por “daño emergente y lucro cesante”. El Consejo de Ministros rechazó esta solicitud en 2011 pero la empresa recurrió a los tribunales aunque la Audiencia Nacional en 2013 dio la razón de nuevo al gobierno. La MAT-120 fue supuestamente empleada por las tropas fieles al presidente libio Muamar el Gadafi en abril de 2011, si bien la empresa informó de que estas municiones habían sido vendidas antes de la prohibición española. (Texto: José Mª Navarro García)
Fotografía: MAT-120
