En un hecho sin precedentes en la historia reciente de las fuerzas armadas mexicanas, la Armada de México anunció que al menos dos de sus equipos de fuerzas especiales ha sido retirados del servicio activo y concentrados en la capital del país para ser investigados por la desaparición de 31 personas, que habrían sido detenidas ilegalmente por supuestos elementos navales en varios puntos de los norteños estados de Tamaulipas y Nuevo León. La Marina indicó, además, que en el marco de las investigaciones encabezadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha acatado las medidas cautelares que la comisión le solicitó para avanzar en la indagatoria que tiene aproximadamente un mes en marcha.
Uno de los aspectos a los que la Marina le ha dado cumplimiento es el de permitir la visita e inspección a sus dos bases de operaciones a personal civil para verificar que no haya gente detenida ilegalmente o incluso cadáveres de personas reportadas como desaparecidas. Este punto es de singular importancia, ya que en su momento el Ejército Mexicano se negó a que visitadores de la misma CNDH ingresaran al cuartel de la 27 Zona Militar ubicada en Iguala, Guerrero, para investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas ocurrida el 26 de setiembre de 2014, hecho en el que se presume habrían intervenido soldados de esa guarnición.
De acuerdo con la Marina, los visitadores de la CNDH, acompañados por personal de la PGR y de la procuraduría de justicia de Tamaulipas, entraron a las bases de operaciones durante la primera semana de junio. La inspección de los visitadores de derechos humanos es un hito en la historia reciente de la relación de las fuerzas armadas con el poder civil en México y redefine el papel y la postura de la Marina, toda vez que es la institución que ha dado los mayores golpes al crimen organizado, comenzando por la doble detención de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, otrora líder del cártel de Sinaloa, quien se fugó dos veces de prisiones de máxima seguridad y fue recapturado por elementos navales.
Las acusaciones de civiles y organizaciones no gubernamentales en contra de la Marina en Tamaulipas por los excesos de su personal no son nuevas. Datan de 2013, al inicio del actual gobierno, y han ido en aumento, señalando que personal con uniformes y vehículos como los de la Armada han detenido ilegalmente a decenas de habitantes. Muchos aparecen ejecutados en tramos carreteros de Tamaulipas y del estado de Nuevo León, pero la mayoría siguen en calidad de desaparecidos. En su defensa, la Marina ha señalado y demostrado que cárteles como el del Gofo o los Zetas clonan vehículos militares y han llegado a establecer talleres clandestinos para elaborar ropa de campaña y de comando similar a la que usan soldados y marinos.
El pasado 31 de mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNU-DH) para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, dio una conferencia en México en la que abiertamente señaló que las desapariciones forzadas en Tamaulipas eran un tema de suma gravedad que debía ser investigado a la brevedad por el gobierno de México. La Semar emitió un comunicado indicando que ha cumplido con los señalamientos hechos por la CNDH para permitir y colaborar con las investigaciones y para facilitar el trabajo de entidades como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), encabezado por Raymundo Ramos.
Al activista se le señaló hace unos días de encubrir a cárteles y de organizar marchas, manifestaciones y bloqueos carreteros para exigir la salida de las tropas dedicadas a luchar contra los narcotraficantes. Los señalamientos contra Ramos fueron vertidos por un narcotraficante detenido hace dos semanas. Los puntos en los que la Armada de México señala haber avanzado son:
- Uno: se ordenó de manera puntual al personal naval dar cabal cumplimiento al respecto de abstenerse de violar los derechos humanos, así como cumplir irrestrictamente las medidas cautelares dictadas por la CNDH.
- Dos: se realiza una búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas, con la participación de las y los familiares de dichas personas.
- Tres: se efectúa una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos referidos, salvaguardando el material probatorio existente. En aquellos casos en los que las personas desaparecidas hayan sido localizadas sin vida, se llevará a cabo una investigación acorde a los estándares internacionales.
- Cuatro y Cinco: se garantizan condiciones adecuadas de protección a los testigos y a sus familias que han estado denunciando los hechos referidos, así como a las personas defensoras de derechos humanos que actualmente asisten.
- Seis: se brinda ayuda inmediata y asistencia a las y los familiares de las personas desaparecidas.
- Siete: se garantizó que los funcionarios que habrían participado en estos hechos sean suspendidos o apartados temporalmente de cualquier tarea o función que pudiese interferir con la efectiva investigación de los hechos y la búsqueda de las personas desaparecidas o que pudieran poner en riesgo a las familias de las víctimas, testigos o defensores de las víctimas.
(Jorge Alejandro Medellín, corresponsal de Grupo Edefa en México)
