Todas las grandes crisis económicas abren un profundo debate en la sociedad sobre qué tratamiento requiere la economía de un país para evitar volver a caer en otra depresión. Todos sabemos que los ciclos económicos son una realidad que alternan periodos de depresión por otros de crecimiento. Las causas de las depresiones son muy variadas y en la historia de la humanidad hay muchos casos en los que las epidemias y enfermedades han jugado un papel esencial en la evolución económica. Algunas, por su carácter pandémico, producen crisis globales, como ocurrió con la peste en la Edad Media, la gripe española, el sarampión, la polio y ahora el COVID-19. En otros casos tuvieron una repercusión más bien regional, como la crisis de la patata en la Irlanda del Siglo XIX y la filoxera que arruinó los viñedos de Europa en el comienzo del Siglo XX.
No existen fórmulas mágicas para determinar qué actividades económicas resisten mejor a las crisis a corto y largo plazo. Lamentablemente, en el mundo que vivimos, en el que la inmediatez es el dogma, las consecuencias a corto plazo son las únicas importantes y eso hace que economías como la nuestra, muy basadas en el consumo y en los servicios, especialmente el turismo, resistan muy mal a estos fenómenos. Sin embargo, a medio y largo plazo, estos sectores son mucho más sólidos de lo que imaginamos, porque no tienen que evolucionar a un ritmo endiablado, como sí ocurre con la industria que necesita reinventarse cada década y acometer grandes procesos de inversiones. La industria española en las últimas décadas ha sido incapaz de mantener un alto nivel de innovación, ya que los niveles de beneficios se fueron reduciendo paulatinamente, los impuestos crecieron en las últimas tres décadas de forma muy acelerada y los incentivos a la innovación en las empresas se fueron reduciendo a medida que el déficit publico motivado por el alto gasto social se iba incrementando.
No nos falta capital humano, ni capacidad para abordar los retos de la revolución industrial 4.0 ni las que vengan. La empresa española ha demostrado durante los últimos sesenta años que ha sabido estar a la altura internacional, en sectores como la automoción, la energía, la construcción, el transporte, aeronáutico y naval y el alimentario. El gran déficit de la industria para mantener su nivel competitivo y conseguir una tasa de crecimiento superior a la del PIB, es la falta de capital. Por eso es tan importante cómo decidan los gobiernos gastar los fondos de la resiliencia o de la próxima generación, que deberán servirnos para salir de la actual depresión económica y modificar la estructura productiva, para que tenga mas perdurabilidad y resistencia a los embates de la crisis.
Lo que necesita la industria no son subvenciones para pagar sueldos, o reducir costes sociales, ni siquiera formación, ya que ésta es una derivada de las oportunidades de negocio. Ni siquiera hacen falta grandes programas públicos de investigación en universidades, que tienen un periodo de maduración mucho más largo; lo que los gobiernos deben hacer con estos fondos es lanzar programas que cubran por una parte necesidades de nuestra sociedad, seguridad y economía; y por otra que tengan un alto grado de innovación. Cavar zanjas para volver a taparlas es la peor de las soluciones para el gasto público, por muy alto que sea el factor multiplicador de la inversión. Solamente la apuesta por programas de nuevas tecnologías obligará a las empresas a adaptar sus estructuras, y actualizar su capital humano. Tecnologías que tendrán una larga vida por sus externalidades. Podríamos hablar de energías limpias, materiales, inteligencia artificial, robótica, transportes, propulsión, etc. En definitiva, existe todo un caudal de nuevas tecnologías que se están incorporando a los procesos productivos en los países más avanzados y respecto de las cuales nos estamos quedando estancados. No podemos reducir nuestra capacidad a producir bienes y servicios de escaso valor añadido y de bajo precio. Si nuestro modelo industrial va a ser competir con Marruecos, China, o Bulgaria, estaremos condenados al ostracismo.
El Gobierno debería con estos fondos lanzar dos iniciativas determinantes del mantenimiento de nuestro nivel de competitividad internacional. Por una parte, lanzar un fondo para participar en los grandes programas internacionales, especialmente europeos. Nada ha sido más importante para la industria española que su participación en Eurofighter o A400M; una participación relevante en el FCAS y otros grandes programas de tecnología punta, que permitirán a nuestra industria continuar colaborando al primer nivel con los líderes tecnológicos europeos y, además, posibilitará a nuestro país y a nuestras Fuerzas Armadas mantener en la vanguardia tecnología que se corresponda con nuestros retos geoestratégicos. Al menos unos 10.000 millones de euros serían necesarios para participar en las principales iniciativas y crear alrededor de unos 40.000 puestos de trabajo altamente cualificados, entre directos e indirectos.
El segundo aspecto sería para diseñar unos requerimientos militares propios destinados a la industria nacional, destinados a generar capacidades nuevas e innovadoras, pero que sean complementarias de las actuales, para evitar saltos al vacío. La industria española ofrece un amplio rango de capacidades para avanzar en la fotónica, mando y control, estaciones remotas, sistemas no tripulados, optrónica, simulación, integración naval, transmisiones de vehículos, integración de vehículos terrestres y un largo etc. Dedicar otro fondo similar para nuevas adquisiciones dirigidas a estas tecnologías serán u catalizador de desarrollo enorme. Estos dos fondos nos permitirán mantener el nivel de vanguardia de comienzos del siglo; ser un activo colaborador europeo, crear empleo de calidad y crecer en tecnologías compartidas con la defensa en el mundo de la máquina herramienta, automoción, naval, inteligencia artificial, materiales y un largo etc. Quizás sea la última oportunidad que tenemos para aprovecharnos de una circunstancia única. Los países que se queden rezagados ahora no encontraran en el futuro opciones para incorporarse, cuando deban destinar sus recursos a pagar la factura del COVID y de sus consecuencias.