Los expertos sí están de acuerdo: durante más de 12 años el tema OPV y otras ralentizadas compras navales para la Armada de Uruguay (VTS, Navtex, etc.) ha sido manoseado, mal manejado y peor comunicado. En un anterior gobierno se hicieron preselecciones favorables al grupo NVL/Lurssen, con propuestas chinas, derivadas de la serie P-18, en último lugar de preferencia. Nada concretado.
La siguiente convocatoria de un concurso por dos navíos para la Armada, en 2021, con la clara impronta, por aspiraciones comerciales, de posible favoritismo a China, hizo que de 15 interesados originales, restaran solo tres y que los chinos, sin presentar una propuesta barata, de forma muy sospechosa fueran los favorecidos sobre las ofertas de Kership y Damen, con las previsibles acciones juridico- administrativas y el desprestigio de imagen del país respecto al proyecto, además de la reacción estadounidense contra la presencia militar de Pekín en Uruguay.
Luego de otro intento fracasado referente esta vez a buques noruegos usados, el gobierno convoca a otro concurso con mayor amplitud de criterios y con muchos menos recursos presupuestales que anteriormente. Menos de cien millones de dólares. Así las cosas, escasísimos astilleros se aproximaban a esa cifra, el más cercano, Cardama.
Desde ese momento se desata una feroz interna naval y luego política. Curiosamente, el enfrentamiento fue principalmente entre astilleros gallegos, los cuales, aún más curiosamente, presentaban el mismo proyecto, de la empresa de diseño Cintranaval, los cuales no llegaban a igualar la económica cotización de Cardama.
Si bien el gobierno adquirente tiene y debe ejercer todos sus derechos para conocer el historial, capacidad tecnológica y de cumplimiento del astillero elegido, la campaña desatada contra las OPV- apoyada tanto por el Partido Comunista y afines, como por sectores de ex marinos integrantes de sectores ultraconservadores terceristas (alguno de los cuales hasta 2016 con un aire " no alineado" también apoyaba la opcion china...) alcanzó ribetes pretendidamente geopolíticos y surrealistas.
Cualquiera puede favorecer o denostar a Cardama, según sus preferencias, pero los argumentos en contra no pueden sugerir casi que Galicia sea una tierra sin ley y que se pareciera, siguiendo razonamientos conspiranoicos, a los astilleros del sudeste asiático de los 90, muchos de los cuales hacían lo que fuere para conquistar al cliente.
No parece que alguien mínimamente criterioso estime que Cardama pueda saltarse a la torera- independiente de cuál fuere su situacion reciente- las normas navales industriales europeas. Menos parece que el prestigio del Lloyds pueda arriesgarse a certificar los procesos constructivos de un buque que no cumpla las características ofrecidas y acordadas. Tampoco que se hagan alteraciones en el proyecto original sin satisfacer aspectos técnicos y sin el acuerdo del cliente.
Menos aún que esas supuestas alteraciones afecten potencialmente la existencia de compartimientos estancos, principalmente en torno a sala de máquinas o pañol de municiones, como ha emanado de la actual guerra de rumores. Ni que el proveedor pueda cambiar los motores o el rendimiento de los mismos sin consultar al cliente. Es sentido común!
Mucho menos el fabricante se podría negar a que esta construcción naval sea permanentemente acompañada por un oficial inspector de la Armada compradora, lo que, insólitamente, se ha sugerido desde algunas páginas y redes.
Tampoco se podrían excluir eventuales elementos tal vez acordados de antemano (hélice doble, estabilizadores,radares tácticos,etc.) sin aprobación del interesado. Ni siquiera elementos de confort, como aire acondicionado u otros.
Respecto a los trascendidos del contrato entre el gobierno uruguayo y Cardama referentes al ajuste por la inflación europea, otros oferentes como la francesa Kership (que prácticamente destrata a la prensa uruguaya y ésta raramente se queja) también han manifestado la misma pretensión.
El gobierno tiene entonces el derecho y la obligación de verificar el Estado de Situación Patrimonial y todo aquello relacionado a la solvencia de la empresa o sus alcances tecnológicos, así como a inspeccionar permanentemente la construcción de los dos navíos. El resto de los argumentos es típico de un año electoral y si raro resulta que ambos extremos políticos, ayudados por algún ex ejecutivo o no tan ex, de una firma de defensa italiana y ciertos astilleros se aboquen al tema, si esto no se decide antes de las elecciones, difícil será que la Armada de Uruguay tenga OPV hasta 2027. Mucho menos un Sistema de Vigilancia Costera, un Navtex (increíble carencia). El país, con ese nivel de control de sus espacio soberano, se aboca a ser el paraíso del narcotraficante.
Por otra parte, no es menos cierto que hasta ahora, como decía un político uruguayo hace 70 años, se han evaluado en prensa y redes los argumentos contrarios al proyecto. Faltan los favorables.
Si propuestas como la de Cardama o como la de los astilleros West Sea a la Armada de Portugal (49 millones de euros cada OPV de un lote de seis) prosperan y el producto cumple las expectativas, en los próximos años se deberán equipar con cientos de patrulleros OPV, diversas naciones de África, Centroamérica y algunas partes de Asia. Si se abaratan, la actualización será más rápida y económica e implicará un disruptivo cambio de y en los proveedores.
Si bien Uruguay decidirá dar o no el sí a Cardama en las próximas 72 horas, este aspecto, junto a las graves carencias y urgencias de esta nación en lo naval, debería ser más que evaluado. OPV, UAV y USV son el presente y futuro próximo de los distintos cuerpos navales del mundo. Más allá de las actuales circunstancias electorales. Y de cualquier elección. (Javier Bonilla)
