El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el diseño estratégico realizado por el departamento para hacer frente al incremento de la cibercriminalidad registrada en España, que incluye la difusión de una amplia campaña de concienciación y sensibilización ciudadana.
“El doble efecto de descenso de criminalidad convencional y aumento de los ciberdelitos nos ha llevado a un punto de inflexión: hoy, uno de cada cinco delitos en España se comete en la red”, ha explicado Grande-Marlaska, que ha defendido la necesidad de “alertar y sensibilizar a la ciudadanía porque, según nos destacan los expertos, la ciberdelincuencia y sus consecuencias no generan todavía el necesario impacto social”.
Esta campaña consiste, en una primera fase, en la amplia difusión en un mensaje de concienciación en formato de spot televisivo y anuncio gráfico tanto para prensa escrita como para soportes publicitarios exteriores. Pretende lograr una llamada de atención a la ciudadanía sobre la falta de protección y prevención con la que es habitual interactuar en el mundo digital, así como las graves consecuencias que esa actitud puede tener.
En una segunda fase, la campaña saltará a las redes sociales, donde los expertos tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional y la Guardia Civil alertarán sobre los distintos ciberdelitos que se detectan o se producen con mayor frecuencia y explicarán las pautas básicas para protegernos de ellos. En este caso, distintas acciones comunicativas segmentadas buscarán grupos de población concretos según factores como la edad o el nivel de conocimientos tecnológicos.
“Pretendemos incrementar la confianza ciudadana en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como primer instrumento público de lucha contra la cibercriminalidad, generar una predisposición a denunciar cualquier acción ilícita sufrida, y pedimos a los ciudadanos que nos ayuden a protegerles, porque será muy difícil hacerlo si ellos no se conciencian primero de que deben autoprotegerse frente a la cibercriminalidad”, ha añadido Grande-Marlaska.
En el acto de presentación, el ministro ha estado acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; y los máximos responsables de la Policía Judicial en la Policía Nacional y la Guardia Civil, el comisario principal Rafael Pérez y el general Ángel Alonso. Han asistido también los directores generales de Policía Nacional, Francisco Pardo, y de Guardia Civil, María Gámez, así como el jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, Álvaro Lossada, y los máximos responsables de las unidades especializadas en ciberdelincuencia de ambos cuerpos.
La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, potenciada
Junto a la campaña de sensibilización, el Ministerio del Interior ha adoptado una serie de decisiones operativas de calado llamadas a mejorar de manera sustancial las capacidades y recursos policiales de prevención y persecución de la ciberdelincuencia, y que constituyen un desarrollo avanzado del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad que aprobó el departamento en 2021.
El ministro del Interior ha señalado como más relevante la atribución de mayores capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia.
Esta oficina, cuya plantilla va a ser reforzada, va a constituirse en el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-Policía Judicial). Tras esta modificación, dará apoyo técnico a las unidades tecnológicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asumirá las funciones asignadas a la Secretaría de Estado de Seguridad como autoridad competente en materia de seguridad de las redes y sistemas de información para los operadores de servicios esenciales y críticos.
Esta Oficina de Coordinación de Ciberseguridad se va a constituir también en Observatorio de la Cibercriminalidad, con la misión de monitorizar, detectar, procesar y analizar tendencias delictivas en la red, porque esta elaboración de inteligencia policial es imprescindible para hacer frente a los nuevos retos y amenazas en el ámbito digital.
Además, y por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad contará con una dotación presupuestaria específica de cinco millones de euros para atender las inversiones necesarias para dotar de las capacidades tecnológicas adecuadas tanto a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad como a las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la prevención y persecución de los ciberdelitos.
En este punto, Grande-Marlaska ha recordado que las plantillas de las unidades centrales y periféricas especializadas en ciberseguridad de Policía Nacional y Guardia Civil se han doblado en estos últimos cuatro años: si en 2018 estas unidades contaban en conjunto con 714 agentes, al término de 2022 esta cifra creció hasta los 1.352 efectivos.
Estadísticas en aumento
En 2022, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contabilizaron 375.506 infracciones penales en cuya planificación, desarrollo y ejecución resulta determinante el uso de herramientas tecnológicas, sistemas informáticos y métodos digitales de transmisión, por lo que pueden ser englobadas bajo el epígrafe de ciberdelincuencia.
Son datos provisionales, pendientes de consolidación, pero ya recogen que la inmensa mayoría de estos ciberdelitos son fraudes o estafas informáticas, tipología en la que encajan 336.778 de las infracciones registradas, casi el 90 por ciento del total.
En conjunto, la cibercriminalidad ha experimentado un incremento de un 72 por ciento respecto a los registrados en 2019, aumento que se eleva hasta el 352 por ciento si la comparación se realiza respecto a 2015, que en el caso de los fraudes y estafas informáticas crece hasta el 442,9 por ciento.
Grande-Marlaska ha destacado que tanto el Ministerio del Interior como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan especial atención a “esta realidad criminal que, según nos alertan los expertos policiales, adquiere un notable y negativo impacto sobre los intereses nacionales, las instituciones, las empresas y la ciudadanía”.
