Tras el mediático caso de las bombas de precisión para Arabia Saudí que tuvo lugar hace más de un año, el Ministerio de Defensa anunció que se analizarían uno a uno los contratos de Defensa aplicando un nuevo reglamento que supervisaría tanto la venta como el uso de los sistemas vendidos solo para los fines previstos.
Pasado más de un año desde aquel anuncio, hemos sabido que salvo contadas excepciones, las licencias de exportación de material de defensa a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos siguen suspendidas sin visos de solucionarse. Los contratos de exportación de equipos de defensa que empresas privadas habían conseguido antes del citado anuncio de la Ministra están aún sin materializar porque la Administración española los tiene detenidos.
Se trata de una situación muy preocupante puesto que el nuevo reglamento aún no está en vigor, pero se ha decidido regir estas exportaciones ya firmadas por una legislación que aún no está vigente. Esto plantea un peligroso precedente de inseguridad jurídica, puesto que los contratos que se obtuvieron tiempo atrás, lo hicieron cumpliendo todas las cláusulas a las que obligaba la ley en su momento.
Como vimos en el citado caso de las bombas de precisión para Arabia Saudí, fue el temor del Gobierno a perder el contrato de las corbetas de Navantia el que hizo que se siguiera hacia adelante un contrato que se había firmado allá por 2015. Y es que como se ha podido comprobar, la mala imagen, de proveedor que incumple sus acuerdos, puede dar al traste con un mercado en el que las empresas españolas están sólidamente implantadas hace años. Y no solo las de Defensa, véase el multimillonario contrato de la línea de alta velocidad de Haramain, el mayor contrato industrial obtenido por España, adjudicado en 2011, durante el peor momento de la anterior crisis española.
Cuatro perjuicios
Y es que los efectos negativos que puede tener esta inseguridad jurídica para las empresas españolas pueden venir por cuatro frentes, afectando no solo a las empresas como veremos.
En primer lugar, se está afectando a las exportaciones de sistemas de defensa en curso que se contrataron antes del anuncio de cambio de la normativa, por lo que los sistemas no han podido ser entregados a sus clientes, principalmente a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos. Esto supone un problema de fiabilidad en el suministro que perjudica gravemente a las empresas porque además en segundo lugar, se perjudican las exportaciones futuras que están por venir ya que si el proveedor no es capaz de asegurar que cumplirá con sus compromisos, el cliente buscará otro suministrador en el mercado internacional, cliente que en el futuro será muy complicado recuperar.
La tercera vía debería preocupar no solo a las empresas, sino al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en su conjunto puesto que con unos presupuestos nacionales para Defensa menguantes desde hace una década, están siendo las exportaciones las que están financiando gran parte de los desarrollos de las empresas españolas. Con fondos limitados para programas de I+D o de adquisición de medios de defensa, los desarrollos futuros dependen en gran medida de los fondos propios de las compañías y de los ingresos vía exportaciones.
De esta manera, en el futuro se corre el riesgo de que si se ven perjudicadas las exportaciones, tampoco se desarrollen capacidades nacionales, con lo que se manda un mensaje contradictorio a las empresas, a las que durante todos estos años se ha animado a exportar como forma de paliar la falta de contratos nacionales. Ha sido una de las vías en las que la Base Industrial de la Defensa se ha consolidado tecnológicamente, a falta en muchos casos de un cliente lanzador nacional y de programas de adquisición a cargo de las Fuerzas Armada españolas.
En cuarto lugar, en el caso de Arabia Saudí, hay importantes planes para consolidar la industria aeroespacial y de Defensa como un sector estratégico para paliar la dependencia de los hidrocarburos. Los planes son muy ambiciosos y las industrias españolas están en condiciones de convertirse en socios y tecnólogos para este importante reto, véase los ejemplos de Navantia que ha formalizado su cooperación a través de una joint venture o que uno de los hombres fuertes que liderarán este plan es el español Esteban García Vilasánchez, precisamente un expresidente de Navantia que ahora trabaja para la empresa estatal SAMI (SAudi Arabian Military Industries). La fiabilidad de las empresas españolas como socios no puede verse perjudicada si se quiere contribuir a este plan.
Resulta muy grave que se esté aplicando el nuevo criterio aún no vigente sobre exportaciones que se considerarían por la JIMDDU “de riesgo”, caso de las destinadas a Arabia Saudí o Emiratos. En la práctica solo son los contratos que afectan a los dos países citados y en los que participan compañías privadas los que se están viendo afectados.
Son la Junta Interministerial Reguladora del Comercio de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMMDU) y la Secretaría de Estado de Comercio los responsables de otorgar o no las licencias de exportación de material de defensa y de productos o tecnologías de doble uso. Sin embargo ni la JIMMDU ni la industria habrían recibido todavía una versión definitiva de ese nuevo reglamento que Moncloa quiere aplicar de ahí que tampoco se pueda actuar de forma preventiva.
Como sabemos, el grueso de las exportaciones de la industria de Defensa española tienen por destino países de la Unión Europea y de la OTAN y la mayoría se engloban en programas multinacionales con países miembros de estos grupos. Sin embargo el mercado de Oriente Medio era otro de los principales destinos, si bien no tanto por cuantía (932 millones de euros entre 2015 y 2017) si lo era por el elevado componente tecnológico (aviones de reabastecimiento, sistemas de artillería o municiones por ejemplo). Sirva como ejemplo que empresas de terceros países, caso de Israel, tienen intención de llegar a acuerdos con compañías españolas para poder acceder a ese mercado, como analizamos en marzo con motivo de la jornada que la Dirección General de Armamento y Material organizó en el Campus de la Marañosa del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Desde la patronal del sector se ha preguntado en repetidas ocasiones al Ministerio de Defensa y al de Industria, Comercio y Turismo y en concreto a la Secretaría de Estado de Comercio. Ya hace seis meses, los medios de comunicación se hicieron eco de que el anunciado reglamento aún no estaba formalizado y que la industria comenzaba a paralizarse. Muy probablemente, la inestabilidad política del país, con varias elecciones sucesivas y gobiernos en funciones tiene mucho que ver con este tema, ya que no es la Defensa ni su industria un tema sobre el que quiera ningún partido pasar en este periodo continuo de campaña electoral en el que parecemos estar inmersos. (José Mª Navarro García)
Fotografía: Las corbetas que se fabricarán para Arabia Saudí (Navantia)
