Uno de los programas estrella del Ministerio de Defensa español es el Vehículo de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, un sistema de armas de última generación con el que se le dotará durante al menos 30 años, empezando con un lote inicial de 348 vehículos, que irán provistos de los más modernos medios tecnológicos. Se trata de un programa que la crisis económica congeló durante demasiado tiempo y que estaría ahora en el ojo del huracán por los retrasos que acumula la entrega de los cinco demostradores, con los que se evaluará su diseño y características antes de iniciar la fabricación en serie. Ciertamente se trata de un proyecto complejo, en tanto estamos ante un programa de elevado contenido en I+D+i, iniciador, junto a la fragata F-110, del sistema de funcionamiento basado en programas tecnológicos con los que reducir los riesgos antes de la fabricación, cuando ya resulta caro y complicado resolverlos. A esta complejidad podríamos sumar el interés que parecen tener algunos grupos industriales europeos por tener una porción en el pastel, sugiriendo que deberían poder concurrir en un proceso de licitación competitiva. Así se ha ido llegando a una situación que se enrarece por momentos, con un Gobierno al que le quedan un par de Consejos de Ministros para formalizar cualquier decisión antes de las próximas elecciones, el 28 de abril.
Ante este panorama, el Ministerio de Defensa podría analizar la necesidad de proteger el programa, en el que se llevan invertidos años de esfuerzo y grandes recursos, ante su muy hipotética suspensión y la también hipotética revisión del proceso llevado a cabo. Esta medida pasaría por invocar el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que incluye excepciones a la libre competencia en los mercados en el caso de los medios destinados a Defensa. Este, en su punto 1, afirma que ningún Estado miembro estará obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de seguridad y que todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra. Este artículo ha sido invocado en otras ocasiones, especialmente en lo que a la construcción naval se refiere, por lo que no sería de extrañar que se volviera a aplicar.
También podría darse la situación que, ante el malestar por el retraso del programa, manifestado recientemente por el propio jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Francisco Javier Varela Salas, se pudiera buscar desde el Ministerio un giro en la gestión, que implicara cambios en el interlocutor actual, caso de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, Indra y SAPA. Empresas no faltan que podrían ofrecerse, o lo habrían hecho ya, para gestionar el programa, convirtiéndose en contratista principal y pasando a ser las tres citadas proveedoras de los sistemas principales: de la plataforma en el caso de GDSBS, del sistema de misión y la integración en el caso de Indra y del grupo propulsor en el de SAPA. Se trata de elementos diseñados y adaptados por los contratistas a las específicas necesidades del Ejército de Tierra, con los que estas y otras empresas han desarrollado un know how que podrá ser aplicado a otros programas nacionales e internacionales en los que participen, ofreciendo vehículos completos o medios de última generación con los que dotarlos o modernizar otras plataformas.
